En lugar de investigar los nexos criminales de los aspirantes al Poder Judicial, las autoridades electorales castigan a quienes los hacen públicos. El activista Miguel Alfonso Meza acudió al foro de Hechos AM para exponer la sanción que recibió tras revelar el pasado de Silvia Rocío Delgado García, exdefensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán y candidata a jueza penal en Chihuahua.

La resolución del Tribunal Electoral le ordena borrar sus publicaciones, ofrecer una disculpa pública e inscribirse en el padrón de violentadores de género por 180 días. Su respuesta fue inamovible: no acatará la sentencia.

“No es un tema de desprecio por la ley, es un tema de respeto por la justicia. Esto que sucede no es justo, son sanciones completamente ilegítimas. Yo no voy a pedir disculpas ni voy a borrar estas publicaciones”, afirmó tajante.

Narcopolíticos, la plataforma donde exponen a funcionarios ligados al crímen organizado

Meza y la plataforma de Narcopolíticos documentaron el perfil de la candidata con expedientes oficiales. Los documentos confirman que Delgado García representó al exlíder del Cártel de Sinaloa en dos amparos y en una causa penal antes de su extradición a Estados Unidos.

El activista cuestiona el uso de la figura de “violencia política de género” como una herramienta de censura estatal. Él insiste en que nunca atacó a la candidata por su condición de mujer, sino por el evidente conflicto de interés y el riesgo de seguridad que representa su pasado profesional.

“Es un riesgo que una persona que hace unos cuantos años representaba a uno de los más importantes criminales de México, ahora compita para ser jueza penal en Chihuahua, donde juzgará casos del Cártel de Sinaloa”, aclaró.

Censura, amenazas y “jueces del acordeón”

El activista dirigió sus críticas hacia los tres magistrados que emitieron la sanción. Los calificó como “jueces del acordeón”, al recordar que llegaron al cargo respaldados por listas preaprobadas del partido oficial.

El desafío a esta resolución ya le generó amenazas directas de grupos criminales, situación que lo obligó a buscar protección bajo el mecanismo federal para defensores de derechos humanos y periodistas. A pesar del peligro y de los posibles arrestos administrativos por su desobediencia civil, Meza asume el costo.

“Si nos quieren poner el bozal, que paguen el costo de ver cómo intentan someternos. Si quieren ser autoritarios, que saquen la espada y que todos vean cómo son”, concluyó.