Es indispensable que el Estado mexicano realice búsquedas exhaustivas de personas desaparecidas y asegure reparaciones integrales con un enfoque diferenciado, urgió Antonino de Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México.
Durante un conversatorio en el Claustro de Sor Juana, con familiares de personas desaparecidas y estudiantes de la carrera de Derecho, destacó que la posibilidad de conocer ¿cómo pasó? la desaparición de personas, significa una importante garantía de no repetición.
Durante un conversatorio en el Claustro de Sor Juana, con familiares de personas desaparecidas y estudiantes de la carrera de Derecho, destacó que la posibilidad de conocer ¿cómo pasó? la desaparición de personas, significa una importante garantía de no repetición.
El representante de la Oficina de las Naciones Unidas destacó que encontrar e identificar a personas desaparecidas o no localizadas significa aportar a la eliminación de la violencia directa y estructurada, así como reducir el riesgo de caídas y recaídas en la violencia, “y por tanto construir un Estado que podamos realmente definir de Derecho”.
Expuso que, de acuerdo con datos oficiales, en México existen más de mil fosas clandestinas y recordó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha sostenido que en la actualidad existen por lo menos 40 mil 180 personas desaparecidas.
Tras subrayar que se trata de datos oficiales, lamentó que por el momento resulte imposible realizar un diagnóstico completo sobre la dimensión de la tragedia humanitaria en México y la desaparición de personas.
“Si bien las estimaciones numéricas de la crisis son claramente menores a las cifras reales, existe un importante subregistro e insuficiente para medir la crisis humanitaria”, recalcó.
De León indicó que México cuenta ya con mecanismos para asumir el problema, ya que en junio del 2015 la entonces Procuraduría General de la República publicó su protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada.
“Este protocolo tuvo el objetivo de fungir como guía para las distintas etapas del procedimiento penal, intentado garantizar una investigación exhaustiva de los hechos y de la no revictimización de las personas desaparecidas, también tomó en cuenta en materia forense el protocolo”, mencionó.
Sin embargo, indicó que la cantidad de personas desaparecidas y encontradas, pero no identificadas “nos dan un reflejo de la magnitud de la emergencia nacional forense en la que nos encontramos”.
Antonino de Leo agregó que México también cuenta en materia legislativa desde 2017 con la reforma a la Ley General de Víctimas y que en enero del 2018 entró en vigor la Ley General en materia de Desapariciones Forzadas, lo que permitió crear el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
No obstante, enfatizó que la problemática radica en la aplicación, ya que todos estos esfuerzos “requieren todavía muchas acciones de implementación”
