Transparencia debilitada, menor acceso a la justicia, mayor fiscalización y un entorno cada vez más vigilado dejaron una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿quién protege al ciudadano cuando el poder concentra más facultades?
Este recuento busca poner sobre la mesa los efectos reales de las reformas más polémicas de 2025 , aquellas que impactan directamente en la libertad de expresión, la vida económica y los derechos cotidianos, porque cuando las leyes avanzan más rápido que la reflexión pública, el costo no se mide solo en números, sino en libertades que, una vez cedidas, rara vez regresan.
¡El adiós del INAI! Menos transparencia, más discrecionalidad
Uno de los movimientos más polémicos del año fue la eliminación del INAI, un organismo autónomo que garantizaba el derecho ciudadano a saber. Su reemplazo por una instancia bajo control del Ejecutivo encendió alertas inmediatas.
Sin un árbitro independiente, el acceso a contratos, decisiones gubernamentales y uso de recursos públicos queda sujeto a criterios políticos.
Para periodistas, activistas y ciudadanos, esto representa un retroceso; para inversionistas y empresarios, una señal de incertidumbre institucional. La transparencia dejó de ser un derecho garantizado para convertirse en una concesión administrada.
El debilitamiento del amparo: ciudadanos con menos defensa
La reforma a la Ley de Amparo pasó casi en paralelo, pero su impacto es profundo. Al limitar suspensiones y reducir el alcance del interés legítimo, se acotó una de las herramientas más importantes para frenar abusos de autoridad.
En términos prácticos, hoy es más difícil detener actos administrativos, fiscales o regulatorios que puedan vulnerar derechos. Abogados constitucionalistas coinciden: el ciudadano perdió terreno frente al Estado.
Fiscalización intensiva: cumplir ya no es suficiente
El endurecimiento de la Ley Antilavado y las modificaciones al Código Fiscal colocaron a negocios formales bajo una lupa permanente. La narrativa oficial habla de combatir delitos financieros, pero en la práctica muchos pequeños y medianos empresarios enfrentan una carga que no siempre va acompañada de claridad ni apoyo institucional. Cumplir la ley ya no garantiza tranquilidad.
Datos, plataformas y libertad económica en riesgo
La obligación de plataformas digitales de compartir información fiscal en tiempo real abrió otro frente de preocupación. Aunque la autoridad asegura que habrá límites, el precedente es inquietante.
Emprendedores digitales, creadores de contenido y empresas tecnológicas advierten que esta vigilancia constante puede inhibir la innovación y poner en riesgo la privacidad de datos, un tema especialmente sensible en democracias modernas.
La desaparición del Poder Judicial
La Reforma al Poder Judicial aprobada en México representó uno de los golpes institucionales más severos al sistema de justicia en décadas.
Al establecer la elección de jueces y magistrados por voto popular, la reforma rompió con el principio de profesionalización judicial y sustituyó los criterios de mérito, experiencia y preparación jurídica por la lógica de la popularidad electoral que estuvo marcada por acordeones e inconsistencias en una casi nula participación.
2026: el año en que México decidirá si normaliza el control o defiende sus libertades
El verdadero saldo de 2025 no está en los decretos aprobados, sino en el terreno que la ciudadanía perdió sin darse cuenta. Las reformas avanzaron, el control se fortaleció y los contrapesos se debilitaron, todo bajo la promesa de orden y eficiencia. Pero una democracia no se mide por la cantidad de leyes que produce, sino por los límites que impone al poder.
De cara a 2026, México enfrenta un punto de inflexión: normalizar la concentración de facultades o exigir reglas claras, transparencia real y respeto a las libertades. Porque cuando fiscalizar sustituye a dialogar, cuando vigilar reemplaza a rendir cuentas y cuando defenderse se vuelve un privilegio, el problema deja de ser técnico y se convierte en estructural.
