Corte IDH admite demanda contra Reforma Judicial y senadores piden revisión urgente

El tablero político y jurídico de México se ha movido nuevamente desde el exterior. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió la demanda presentada por el diputado Germán Martínez Cázares en contra de las recientes reformas al Poder Judicial, la Ley de Amparo y la Guardia Nacional.

Esta decisión internacional reavivó de inmediato el debate en el Senado de la República, donde las posturas se han polarizado entre quienes ven en la justicia supranacional la única salida y quienes, desde el oficialismo, reconocen que la implementación de la reforma ha tenido excesos que deben corregirse antes de 2027.

Para la oposición, la admisión del recurso por parte de la Corte IDH confirma que los mecanismos de defensa dentro del país han sido anulados. La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, calificó como "muy valiosa" la acción de Germán Martínez, argumentando que el sistema legal mexicano ya no permite cuestionar cambios a la Constitución.

"En términos de nuestro derecho no hay medio ninguno de impugnación, es decir, una vez que es reforma constitucional no puede ser impugnado de ninguna manera. Entonces, no queda más que acudir a instancias internacionales", señaló la legisladora.

Sin embargo, Murguía fue cautelosa. Advirtió que, aunque la demanda fue admitida, no existe certeza sobre cuánto tardará la resolución y recordó antecedentes preocupantes de desacato por parte del Estado mexicano, como ocurrió con el tema de la prisión preventiva oficiosa.

La sorpresa de la jornada vino desde las filas del oficialismo. El senador Javier Corral rompió la narrativa de infalibilidad y planteó la necesidad urgente de revisar la Reforma Judicial antes del proceso electoral de 2027, fecha en que se prevé la elección de juzgadores.

Corral expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en la realidad, específicamente en los estados de la República.

"Yo sí creo que la Reforma Judicial debe revisarse antes del 27... En las entidades federativas se despacharon con la cuchara grande y pusieron a quien quisieron. Y ahora estamos un poco ahí pagando las consecuencias", admitió. El senador reconoció que es vital fortalecer el perfil y la profesionalización de jueces y magistrados para "asegurar perfiles adecuados" y obligar a los estados a cumplir con estándares constitucionales, evitando que la justicia local sea capturada por intereses políticos.

Por su parte, Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre el aislamiento en el que podría caer el país. Sostuvo que la elección popular de juzgadores vulnera compromisos internacionales y que el rechazo global no tardará en llegar.

"México no es una isla", sentenció Barrales, llamando a cumplir con las obligaciones y convenciones internacionales para garantizar los derechos de los justiciables dentro del territorio nacional.