La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) emitió un enérgico pronunciamiento en el que advierte que diversas normas incluidas en la iniciativa de Reforma Electoral, recién entregada al Congreso, representan una amenaza directa a los derechos humanos, particularmente a la libertad de expresión.
A través de un comunicado oficial, los especialistas en derecho señalaron su profunda preocupación por la redacción de la iniciativa, alertando que las nuevas reglas podrían convertirse en un instrumento de censura durante los procesos democráticos de 2027 y años venideros.
La trampa de la Inteligencia Artificial en reforma electoral
El punto más crítico señalado por la BMA es la nueva disposición sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA) en las campañas. La iniciativa pretende obligar a que todo contenido electoral generado o modificado con IA esté debidamente etiquetado para no engañar al electorado. Sin embargo, el problema radica en a quién se le cobra la factura.
De acuerdo con el análisis de los abogados, la reforma traslada la responsabilidad legal de etiquetar estos contenidos directamente a los medios de comunicación y a las plataformas de servicios digitales, eximiendo en la práctica a los verdaderos creadores de las campañas (candidatos, partidos políticos o agencias).
Para los expertos, obligar a las plataformas y a la prensa a ser los "fiscales" de la IA generará un efecto inhibidor. Al temer sanciones o multas por no detectar un deepfake (video o audio manipulado) a tiempo, los medios podrían optar por la autocensura, limitando el flujo de información y afectando el derecho ciudadano a estar informado.
Más allá de los tecnicismos legales sobre la Inteligencia Artificial, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados fue tajante al señalar el origen del problema: el mayor déficit de esta iniciativa es la forma en la que fue construida.
La organización criticó severamente la "ausencia de la ciudadanía" en la redacción del documento. Al no convocar a foros abiertos con especialistas en tecnología, defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones civiles, el dictamen final carece de la pluralidad necesaria para regular temas tan delicados sin asfixiar las libertades democráticas fundamentales.
