Una jueza federal puso un ultimátum de 15 días para que el Ministerio Público dé acceso total al expediente y realice los actos de investigación que ha pedido la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, es una pieza clave en el entramado del huachicol fiscal.

Manuel Roberto, quien enfrenta proceso en el penal del Altiplano, Estado de México, es hermano del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien sigue libre y busca a toda costa no ir a prisión.

Red de corrupción en la Marina

En el expediente en su contra hay denuncias que los acusan de encabezar la red de corrupción dentro de Marina para introducir combustible de manera ilegal a México, haciéndolo pasar por aditivo y evitar así el pago de impuestos en las aduanas.

Son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, de quien recientemente se filtró una conversación con un denunciante en la que sugirió solo cambiar de puesto a sus familiares en lugar de detenerlos.

Manuel Roberto está preso, el otro libre, pero los días pasan y la Fiscalía General de la República (FGR) parece apostarle al olvido del caso.

Han caído algunos pequeños responsables, pero la investigación no avanza. ¿Por qué no avanza? Hay la explicación de la ineficiencia y la complicidad”, opinó René Bolio, de la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.

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Altos funcionarios y sus nexos con red de huachicol fiscal

Se ha denunciado la participación de altos funcionarios del gobierno de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en la red de huachicol fiscal y que las ganancias financiaron campañas electorales de Morena.

Entonces tenemos ahí esa combinación entre la ineficiencia y la complicidad que no permite que los grandes crímenes, los grandes casos de corrupción, no puedan ser bien perseguidos por las fiscalías, por las autoridades”, comentó el especialista consultado por Azteca Noticias.

En las investigaciones oficiales nada se ha dicho en concreto cuál fue el destino del dinero que debió ingresar a las arcas públicas durante el sexenio obradorista y fue robado mediante el esquema de huachicol fiscal.