El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco rompió el silencio con una carta pública que no busca reflectores, sino respuestas. El mensaje de este12 de enero de 2026, está dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a los medios y a la sociedad mexicana. Es, como ellos mismos lo dicen, un grito desesperado ante lo que consideran abandono institucional en el caso del Rancho Izaguirre, un sitio que, aseguran, operó como centro de exterminio y reclutamiento forzado.
En el documento, el colectivo sostiene que el rancho no fue un lugar cualquiera. Ahí —afirman— se cometieron privaciones ilegales de la libertad, trata de personas, asesinatos sistemáticos y otros actos inhumanos. Por respeto a las víctimas, no entran en detalles, pero el mensaje es contundente: lo ocurrido en Izaguirre no puede minimizarse ni quedar enterrado.
“Callamos para no afectar la investigación, pero nos dejaron solos” denuncia colectivo Guerreros Buscadores
Los buscadores explican que guardaron silencio durante meses para no entorpecer las indagatorias. Confiaron en las autoridades y esperaron resultados. Lo que recibieron, dicen, fue abandono, omisiones y mentiras. Hoy, aseguran, el Rancho Izaguirre está completamente abandonado, pese a que existen evidencias documentadas que apuntaban a la necesidad de más cateos, nuevas líneas de investigación y procesos judiciales pendientes.
Uno de los señalamientos más graves es la presunta filtración de información desde la Fiscalía General de la República hacia el crimen organizado, lo que habría permitido que los detenidos apelaran y exista un riesgo real de que queden en libertad.
Testigos ignorados y la verdad del Rancho Izaguirre en riesgo
El colectivo denuncia también la negativa reiterada de acceso a la carpeta de investigación, incluso cuando existen quejas formales de víctimas contra funcionarios del área de Personas Desaparecidas. Aseguran que, tras la salida de una fiscal con la que sí había trabajo coordinado, la investigación se frenó y el caso quedó prácticamente en el abandono.
Lo más alarmante, señalan, es que testigos clave fueron ignorados y algunos tuvieron que huir del país por miedo a perder la vida. Ante la falta de protección y respuesta, existe el riesgo de que pruebas terminen fuera de México, no por desconfianza, sino por supervivencia.
El contexto: sentencias históricas, pero heridas abiertas tras caso Rancho Izaguirre
En marzo de 2025, Guerreros Buscadores reveló públicamente que el Rancho Izaguirre operaba bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hallazgos de prendas, identificaciones y restos humanos respaldaron esa versión.
Meses después, el 8 de julio, un juez dictó una sentencia de 141 años de prisión contra 10 delincuentes detenidos en el lugar, tras un operativo de la Guardia Nacional en septiembre de 2024, cuando se reportaron detonaciones y se produjo un enfrentamiento armado. Los acusados fueron encontrados culpables de desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado.
Aunque la sentencia fue una de las más severas, para las familias buscadoras no es suficiente. Mientras tanto, advierten, siguen desapareciendo jóvenes y el reclutamiento no se detiene.
Un llamado directo al gobierno federal tras abandono del caso Rancho Izaguirre
“Presidenta, confiamos en usted”, dice el colectivo. Le piden no permitir que le sigan mintiendo ni que la verdad se entierre. A la sociedad le recuerdan algo incómodo, pero urgente: esto está pasando hoy, y el silencio también es parte del problema.
