Las controvertidas elecciones para jueces federales por voto popular en México siguen arrojando episodios inéditos. Apenas dos meses después de tomar protesta, Adrián Guadalupe Aguirre, el primer juez federal electo por la ciudadanía, presentó su renuncia al cargo. El juez, que había prometido justicia para el pueblo y no para los privilegiados, se desempeñaba en materia penal en Jalisco, en la zona de la cárcel de Puente Grande.

Adrián Aguirre: Primer juez electo por voto popular renunció a su cargo

Adrián Guadalupe Aguirre se desempeñaba como juez de distrito en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande, una zona emblemática por albergar la cárcel de alta seguridad de la que escapó Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Aguirre, postulado por el Poder Ejecutivo federal, ganó su puesto con 36 mil 84 votos, asegurando que quería "ser parte de los primeros jueces en la historia de México que imparten justicia al pueblo y no a los privilegiados". Entre sus promesas estaba agilizar resoluciones y mantener "puertas abiertas para el pueblo en general".

Cabe destacar que la petición de renuncia ya llegó a la Mesa Directiva del Senado, que la turnó a la Comisión de Justicia. Si el juez persiste en su intención y el órgano dictamina que las causas no son razonables, el abandono podría ser motivo de responsabilidad civil o administrativa.

¿Habrá un efecto dominó de renuncias?

La dimisión de Aguirre, que ocurrió solo dos meses después de haber asumido el cargo el 1 de septiembre, no es un caso aislado y aviva las dudas sobre la viabilidad de la reforma judicial que tuvo muchos cuestionamientos sobre su transparencia. En caso de ser aceptada, su cargo sería ocupado por Amalia Irandery Ortiz, la candidata que quedó en segundo lugar y que fue propuesta por el Poder Legislativo.

A este caso se suma la solicitud de licencia previa de Gabriela Pacheco Torres, quien ganó el puesto de jueza penal en la Ciudad de México y pidió apartarse del cargo un día después de haber tomado posesión, alegando la necesidad de resolver asuntos pendientes. Esta solicitud fue rechazada por el Senado.

Las renuncias y las polémicas —como el caso en Durango donde un juez electo por voto popular tuvo que ser reemplazado por un secretario judicial al no haber más competidores— avivan la desconfianza hacia la reforma judicial, que, según expertos, ya nació con serios problemas en la selección de candidatos y la inducción del voto.