Ni un legislador regalado: La iniciativa histórica para limitar el poder de los partidos políticos en el congreso

En un hecho político inédito, figuras históricas de diversas corrientes ideológicas unieron sus voces para exigir un alto definitivo a una de las figuras más polémicas de la ley electoral mexicana: la sobrerrepresentación. A través de un desplegado conjunto, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida, Diego Fernández de Cevallos y Jorge Alcocer demandaron que la democracia en el país se fortalezca y deje de abaratarse mediante atajos legales.

El pronunciamiento, que surge en el marco de la discusión sobre una nueva iniciativa de reforma electoral, pone sobre la mesa una exigencia clara: eliminar por completo el margen de sobrerrepresentación del 8% y establecer un tope absoluto e inamovible de 300 diputaciones como máximo para cualquier partido político o coalición electoral.

Con esta propuesta, los firmantes buscan corregir una distorsión del sistema que, aseguran, le otorga a los partidos en el Congreso mucho más poder del que los ciudadanos les otorgaron en las urnas.

La figura de la sobrerrepresentación nació en 1996, durante los tiempos de un partido hegemónico, como un mecanismo para garantizar la gobernabilidad; sin embargo, desde los comicios de 2015 comenzó a ser duramente criticada por distorsionar la voluntad popular.

El debate se transformó en una crisis constitucional tras las elecciones de 2024. El 23 de agosto de ese año, al aplicar la fórmula legal vigente, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral terminaron por otorgarle a la coalición conformada por Morena, PT y PVEM el 73% de los asientos en la Cámara de Diputados, a pesar de haber obtenido únicamente el 54% de la votación nacional.

En su momento, la consejera del INE, Norma de la Cruz, defendió la aplicación estricta de la ley vigente señalando: “No somos un cuarto poder, no tenemos facultad para distribuir curules y escaños con interpretaciones a modo”.

No obstante, las voces críticas dentro del propio instituto advirtieron sobre las trampas de la ley. El consejero Jaime Rivera denunció cómo esta figura operaba como un caballo de Troya: “Es notorio que algunos partidos políticos han recurrido a las coaliciones para eludir los límites constitucionales a la sobrerrepresentación”, permitiéndoles crear mayorías calificadas artificiales.

A pesar de las críticas históricas, la reciente propuesta de reforma electoral enviada desde Palacio Nacional mantiene vivos los criterios actuales de sobrerrepresentación.

Frente a esto, voces técnicas coinciden en la urgencia de cerrar la brecha. El consejero del INE, Martín Faz, ha señalado públicamente que, de mantenerse esta figura, los legisladores deberían ajustarla “de tal manera que quedara un rango no tan amplio como del 8 por ciento, porque es amplísimo y no tiene ningún sustento de carácter técnico”.

La responsabilidad ahora recae en el Congreso de la Unión. Los legisladores tienen en sus manos la oportunidad de resolver una de las mayores controversias de los últimos 30 años de democracia: garantizar que la conformación del Poder Legislativo sea un reflejo exacto y proporcional de los votos depositados en las urnas.