El rechazo del PRI al llamado “Plan B” de la reforma electoral no pasó desapercibido en el Senado. Lejos de ser una votación más, los legisladores tricolores marcaron distancia con una propuesta que, aseguran, no solo llega en mal momento, sino que también pone en entredicho las reglas del juego democrático.
PRI acusa reforma “ventajosa” y sin consenso
Durante la discusión, senadores del PRI sostuvieron que votaron en contra porque consideran que la reforma es “inoportuna e impertinente”. En un contexto global complicado, dijeron, México debería apostar por estabilidad y certidumbre, no por cambios que, a su juicio, debilitan las instituciones electorales.
El senador Rolando Zapata fue uno de los más enfáticos al fijar postura. Señaló que el proyecto carece de legitimidad al no haber sido construido mediante el diálogo entre fuerzas políticas. “Las reglas para acceder al poder no se imponen, se acuerdan”, subrayó, al tiempo que criticó la falta de transparencia en su elaboración.
Desde la óptica priista, el problema de fondo no es solo la forma, sino también la intención. Aseguran que el “Plan B” esconde un objetivo político claro: adelantar la revocación de mandato para generar ventajas electorales a Morena. De concretarse, argumentan, se rompería el principio de equidad en las contiendas.
Revocación de mandato y gasto público, en el centro del debate
Uno de los puntos más polémicos señalados por el PRI es la posibilidad de modificar los tiempos de la revocación de mandato. Según explicaron, esto abriría la puerta a que el partido en el poder obtenga beneficios directos en procesos electorales, lo que calificaron como un “atropello a la democracia”.
Además, los legisladores cuestionaron el argumento de austeridad que ha acompañado la reforma. Mientras se insiste en recortar gastos en estados y municipios para “abaratar la democracia”, denunciaron que el gasto corriente del gobierno federal ha crecido de manera considerable en los últimos años.
Zapata ejemplificó esta contradicción al señalar que, entre 2018 y 2026, dicho gasto aumentó más del 90 por ciento. “Hay margen para ajustar, pero prefieren que otros se aprieten el cinturón”, reprochó.