El Partido Revolucionario Institucional (PRI) encendió las alarmas y exigió al Gobierno Federal la suspensión inmediata del nuevo esquema de registro obligatorio de líneas telefónicas móviles. El tricolor advirtió que esta medida representa un riesgo directo para la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad de millones de usuarios en México.
Ante lo que consideran una política invasiva, la bancada priista en el Senado de la República presentó un exhorto formal para detener la aplicación de este padrón hasta que no se garantice la protección de datos personales.
Alerta sobre el registro obligatorio de líneas móviles ⚠️
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026
Desde el 9 de enero, los mexicanos deben registrar sus números telefónicos vinculándolos a CURP, INE o pasaporte.
Expertos en #ciberseguridad advierten: existe riesgo de robo de información si se hace por vías no… pic.twitter.com/tdnHSsYquH
Riesgos y falta de controles
La postura del PRI es clara: la medida carece de controles de seguridad suficientes. Advierten que obligar a los ciudadanos a entregar datos sensibles sin una estructura de ciberseguridad robusta expone a la población a robos de identidad y extorsiones, vulnerando sus derechos fundamentales.
Por ello, solicitaron que no se avance en el registro hasta contar con una evaluación técnica, jurídica y de derechos humanos integral que certifique que no se criminalizará a los usuarios.
Reviviendo los errores del pasado
El argumento central de los legisladores priistas es que esta iniciativa "reproduce los errores del pasado". Hicieron referencia directa al fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), un intento similar que fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022.
En aquella ocasión, el máximo tribunal determinó que vincular obligatoriamente una línea telefónica con los datos biométricos de una persona violaba derechos humanos. El PRI señala que el gobierno federal está tropezando de nuevo con la misma piedra, insistiendo en una herramienta que ya demostró ser inconstitucional y peligrosa.
El PRI denuncia que el Gobierno Federal ignora este precedente judicial y la realidad operativa: los delincuentes no registran sus teléfonos con sus datos reales, sino que utilizan chips desechables, clonados o robados. Por lo tanto, insisten, la carga y el riesgo de una base de datos vulnerable recaen exclusivamente sobre la ciudadanía honesta, mientras que el crimen organizado sigue operando en la impunidad.
