¡Una distorsión peligrosa! Llamar empresario al delincuente

En México hemos permitido algo más grave que la corrupción: hemos dejado que se distorsione el lenguaje y cuando las palabras pierden su significado, también se diluye la responsabilidad. Hoy, cualquiera exige ser llamado “empresario”, incluso quienes han construido su riqueza desde la opacidad, el tráfico de influencias o el amparo del poder político.

Se ha abaratado tanto el término que ya no distingue entre quien arriesga y quien se aprovecha. Porque no, no todo el que factura es empresario. Un empresario, en el sentido más estricto, es quien invierte su patrimonio, quien innova, quien genera empleos reales y quien sobrevive a un entorno hostil marcado por extorsiones y una carga fiscal asfixiante.

Es quien sostiene, con dificultad, a decenas o cientos de familias. Esa figura existe, resiste y pocas veces recibe reconocimiento.

El sistema parece empeñado en imponer otra narrativa. Se pretende normalizar que el crimen organizado y ciertos grupos políticos se disfracen de iniciativa privada. Se llama empresario al capo que lava dinero bajo actividades aparentemente legales, como la exportación agrícola. Se etiqueta igual al contrabandista que opera con redes de huachicol fiscal o al intermediario que crece al amparo de contratos públicos inflados.

El insulto mayor llega cuando se coloca en ese mismo saco a una nueva élite que no compite, no produce y no arriesga. Su modelo de negocio no está en el mercado, sino en el acceso. Mientras miles de emprendedores enfrentan trámites interminables, otros resuelven todo con un mensaje, con una llamada, con un contacto. Así, sin trayectoria ni innovación, aparecen fortunas construidas de la noche a la mañana.

Detrás de cada “empresario” favorecido hay una estructura que lo respalda. No se trata de casos aislados, sino de redes donde el poder político funciona como plataforma de lanzamiento. La cercanía con figuras como Adán Augusto López ha sido señalada como parte de ese engranaje donde contratos, protección y crecimiento económico van de la mano.

En este esquema, el poder deja de ser un instrumento público y se convierte en una agencia de colocación para prestanombres y operadores. El resultado: fortunas sexenales que crecen bajo la sombra del Estado, sin competencia real ni rendición de cuentas.

Es momento de recuperar el sentido de las palabras. Tener una empresa fantasma, vivir del compadrazgo o enriquecerse mediante contratos inflados no convierte a nadie en empresario. A quien invierte, arriesga y trabaja se le reconoce como tal. Pero a quien lucra con el presupuesto, trafica influencias o se beneficia del poder, hay que llamarlo por su nombre: delincuente.

Porque si no somos capaces de nombrar correctamente el problema, difícilmente podremos enfrentarlo.