El complot interno: Cómo los altos mandos intentaron usar la Enmienda 25 contra Donald Trump

Altos funcionarios del gobierno estadounidense orquestaron conversaciones confidenciales para remover a Donald Trump del cargo durante su primera presidencia. El plan principal giraba en torno a una herramienta constitucional específica que permite transferir el poder ejecutivo cuando el mandatario carece de capacidad para gobernar: la enmienda 25. Diversos líderes políticos y de seguridad nacional evaluaron esta drástica medida en múltiples ocasiones, lo que generó momentos de extrema tensión en Washington.

Los esfuerzos para activar este recurso legal no ocurrieron en un solo momento, sino que abarcaron distintos episodios críticos de su primer mandato. Todo comenzó en 2017. El presidente despidió al entonces director del FBI, James Comey. Esta acción encendió las alarmas dentro del Departamento de Justicia.

Andrew McCabe, exdirector interino del FBI, reveló detalles cruciales sobre estas reuniones en una entrevista para la cadena CBS. McCabe detalló las conversaciones que mantuvo con Rod Rosenstein, entonces subsecretario de Justicia. Sobre este episodio, McCabe declaró: “Rod planteó el tema y lo discutió conmigo en el contexto de pensar cuántos otros funcionarios del gabinete podrían apoyar tal esfuerzo”.

Posteriormente, el asalto al Capitolio en enero de 2021 obligó a la reactivación de este plan. Tras los violentos disturbios, miembros del gabinete de Trump y legisladores demócratas presionaron al vicepresidente Mike Pence para que tomara el control del país. Los funcionarios consideraron que las acciones del presidente representaban un peligro inminente para la seguridad nacional, lo que justificaba una intervención inmediata antes de la toma de posesión de Joe Biden.

Los legisladores estadounidenses ratificaron la enmienda 25 en 1967 tras el asesinato del presidente John F. Kennedy. Su objetivo principal consiste en establecer reglas claras para la sucesión presidencial en caso de incapacidad, muerte o renuncia.

El texto constitucional detalla el proceso en su Sección 4. Esta sección otorga facultades extraordinarias al vicepresidente y a la mayoría del gabinete, estableciendo los siguientes pasos:

• El vicepresidente y los miembros del gabinete redactan una declaración escrita formal.
• Los funcionarios envían este documento a los líderes del Congreso para certificar que el mandatario no posee la capacidad para ejercer los poderes de su oficina.
• El vicepresidente asume inmediatamente el cargo como presidente interino.
• Si el presidente original cuestiona esta decisión, el Congreso asume la responsabilidad de resolver el conflicto.

Los congresistas necesitan una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para hacer permanente la destitución. Esta herramienta constitucional exige un consenso político masivo, lo que la convierte en una maniobra sumamente compleja de ejecutar. Cabe señalar que la enmienda 25 jamás ha sido aplicada en Estados Unidos.

Las discusiones involucraron a las figuras de más alto nivel dentro del círculo de confianza de la Casa Blanca. Durante los eventos de 2017, Rod Rosenstein lideró las consultas preliminares.

Según los testimonios, Rosenstein incluso sugirió llevar micrófonos ocultos para grabar las conversaciones con el presidente y evidenciar su comportamiento. Aunque Rosenstein negó posteriormente estas acusaciones, las investigaciones posteriores confirman que el tema circuló seriamente entre los mandos del Departamento de Justicia.

Cuatro años después, durante los eventos del 6 de enero de 2021, la presión recayó directamente sobre Mike Pence y los secretarios del gabinete. Figuras clave como Elaine Chao, secretaria de Transporte, y Betsy DeVos, secretaria de Educación, renunciaron a sus cargos tras los disturbios. Múltiples reportes indican que ambas funcionarias debatieron la viabilidad de invocar la enmienda antes de abandonar sus puestos, pero no lo hicieron.