Bajo un esquema de simulación empresarial y constantes irregularidades laborales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado otorgó un contrato masivo para el aseo de sus centros hospitalarios. Mientras s ehabla de un contrato millonario, los empleados de limpieza en el ISSSTE reciben migajas.
El monto de este acuerdo alcanza un techo de dos mil 412 millones de pesos, entregados a un grupo de compañías señaladas por sus vínculos con estructuras que monopolizan el sector. Estos consorcios han logrado concentrar estos servicios de desinfección y el mantenimiento de múltiples dependencias gubernamentales mediante el uso de diversas razones sociales.
El mecanismo de operación detectado consiste en la sustitución sistemática de las empresas responsables cada tres meses. A pesar de que los nombres fiscales y los colores de los uniformes se modifican con frecuencia, los empleados aseguran que se trata del mismo dueño y la misma administración.
Trabajadores enfrentan salarios precarios y falta de prestaciones básicas
Según testimonios de los afectados, quienes han presenciado las transiciones de mando, tan solo durante el periodo anual anterior se registraron tres cambios de firma, manteniendo siempre a la misma patrona al frente de las operaciones.
Para el ejercicio actual, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, la institución asignó su contrato principal a Urga Sanitización y Limpieza, que participa de forma conjunta con Ultranaya Higienización. No obstante, el flujo de recursos millonarios no se ve reflejado en el bienestar de la fuerza laboral.
Los trabajadores reportan condiciones precarias, destacando salarios de apenas cuatro mil 725 pesos por quincena. Aunado a esto, las denuncias incluyen la falta de prestaciones básicas, como el caso de personal que, tras un año y medio de servicio continuo, no ha podido acceder a periodos de vacaciones.
Irregularidades en los procesos de licitación en contrato de limpieza del ISSSTE
La gestión administrativa de este contrato también presenta fallas críticas de legalidad. Se ha revelado que el instituto aceptó documentación que no se encuentra vigente para validar el proceso de licitación.
Entre las exigencias técnicas se solicitó el cumplimiento de la NOM 241 de 2012, una normativa de la Secretaría de Salud sobre prácticas de fabricación que ya fue superada por una actualización lanzada en 2025. Este descuido normativo permitió que las empresas resultaran ganadoras a pesar de no estar alineadas con las reglas sanitarias actuales.
A los problemas de contratación y derechos laborales se suma la inestabilidad económica directa para quienes realizan las faenas de aseo, pues se han reportado casos donde los depósitos de sueldo llegan de manera incompleta.
El escenario actual dibuja un panorama de falta de transparencia donde los beneficios económicos se concentran en un grupo reducido de empresarios, mientras que la base trabajadora enfrenta la incertidumbre de un esquema de sustitución patronal permanente bajo el cobijo de contratos gubernamentales de gran escala.
