En Oaxaca, los servidores que difundan fotografías de víctimas de violencia serán castigados hasta con siete años de cárcel, así lo aprobó el Congreso local.
La también llamada Ley Ingrid busca sancionar a los servidores que incurran en esta falta, luego de que legisladores reformaron el Código Penal del Estado de Libre y Soberano de Oaxaca.
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La modificación consiste en la adición de la Fracción VII al Artículo 207 de la legislación, con la que se establecen de dos a siete años de prisión, y de treinta a cincuenta días de multa a la persona que difunda imágenes.
Con la reforma, la Ley Ingrid indica que comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público quién difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, documentos, audios o videos del lugar de los hechos del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, de cadáveres o parte de ellos.
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La Ley Ingrid en Oaxaca también castigará a quien difunda imágenes sobre las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud de personas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, integrantes de la comunidad LGBTTIQ, o de instrumentos relacionados con un hecho que la ley señale como delito.
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Publicado por Congreso del Estado de Oaxaca en Miércoles, 17 de febrero de 2021
Origen e historia de la Ley Ingrid
Esta ley surgió por el caso de feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, quien murió asesinada por su pareja en febrero de 2020. Las fotografías del crimen fueron difundidas un día después a través de redes sociales y medios de comunicación masivos. Más tarde se supo que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habrían filtrado dicha información.
Por estos hechos, se realizaron movilizaciones en las calles y a través de redes sociales para exigir castigo a quien haya difundido el material, ya que era una violación a los derechos humanos de Ingrid Escamilla al cometer revictimización.
En la Ciudad de México, la Ley Ingrid se aprobó en mayo de 2020, en respuesta a esta demanda de la sociedad civil organizada encabezada por mujeres.
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