Indignación por feminicidio de doctora Mariana en Chiapas

Familiares, estudiantes de medicina y colectivas feministas encabezaron marchas en Tapachula, San Cristóbal y Tuxtla, para exigir justicia y castigo para los responsables del feminicidio de Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos, de 24 años de edad, quien fue localizada sin vida el pasado jueves en la comunidad Palestina, del municipio de Ocosingo, Chiapas.

Por su parte, la Secretaría de Salud (SSa) manifestó su indignación y reiteró su postura de cero tolerancia hacia las conductas y manifestaciones de violencia de género y contra las mujeres luego del feminicidio de la doctora quien realizaba su servicio social en la Clínica de la colonia Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas.

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La madre de Mariana fue quien encabezó la protesta en Tuxtla Gutiérrez, pero ahí dijo que no haría ninguna declaración a los medios que cubrían la manifestación que culminó en la Facultad de Medicina, en tanto otros familiares pidieron respeto al duelo que estpan viviendo.

Vestidos de blanco, los manifestantes recorrieron varias calles de Tuxtla, para culminar en la Facultad, donde finalizó sus estudios en julio pasado; posteriomente se trasladaron hacia la comunidad Palestina, en el municipio de Ocosingo, donde realizaba su servicio social y el cual estaba por concluir en seis meses.

Mientras tanto, en Tapachula, los estudiantes de medicina también recorrieron las calles de esa ciudad, en demanda de justicia y en San Cristóbal de las Casas, colectivas feministas encabezaron una marcha para exigir justicia para la joven.

Además, organizaciones de médicos en el país se han sumado a la exigencia de justicia para Mariana.

“Compartimos la rabia y la indignación que han manifestado los estudiantes en las diferentes sedes de la Universidad, principal responsable en las tareas de garantizar condiciones seguras para sus médicos pasantes como lo era Mariana”, señalaron investigadores del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

SSa CONDENA FEMINICIDIO

En tanto la Secretaría de Salud expresó su indignación y reiteró su postura de cero tolerancia hacia las conductas y manifestaciones de violencia de género y contra las mujeres luego del feminicidio de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, quien realizaba su servicio social en la Clínica de la colonia Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas.

La dependencia federal reafirmó su compromiso con la erradicación de conductas como el hostigamiento y el acoso sexual.

“El combate a la violencia, la desigualdad y la discriminación requiere un compromiso permanente de toda la sociedad con la eliminación de todas las conductas que transgreden la integridad y la dignidad de las personas y atentan contra sus derechos humanos”, indicó en un pronunciamieto dado a cononcer este domingo por la tarde.

La Secretaría de Salud indicó que las y los servidores públicos deben cumplir los compromisos de la ética fundada en el respeto, la igualdad, la protección de la integridad y los derechos humanos de todas las personas y recordó que “el hostigamiento sexual y el acoso sexual son conductas inaceptables que lastiman gravemente la dignidad de las personas, y son las niñas, adolescentes y mujeres las más afectadas”.

Detalló que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define al hostigamiento sexual como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa a través de conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Refirió que de conformidad con la ley, el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, recordo que el 30 de marzo del 2020 emitió un comunicado que, con apego a las leyes y tratados internacionales sobre violencia y conductas éticas de la administración pública, incluye diez compromisos y un exhorto a todas las personas funcionarias públicas para erradicar estas manifestaciones de violencia.

En ese sentido, todas las secretarías de Salud estatales están obligadas a ejecutar un Programa de Prevención y Atención a la Violencia de Género y tienen protocolos establecidos para la garantía de la atención inmediata de las usuarias y su seguimiento en los Servicios Especializados de Violencia.

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