La Policía Nacional informó que desarticulan red de trata de personas en España. Las víctimas eran obligadas a trabajar en un servicio de “telecoca” para saldar su deuda.
La organización contaba con una estructura pseudo empresarial a través de un complejo entramado de reparto de droga a domicilio, con varias sedes distribuidas por la capital a modo de “oficina” que disponían de Call Center en los que se recibían los encargos de droga y se cursaban las órdenes de los pedidos.
Han sido detenidas un total de 39 personas, entre ellos el líder de la organización criminal que dirigía toda la estructura delictiva y los responsables de las “oficinas” desde donde, además de gestionar la distribución de la droga, se coaccionaba a los deudores.
Millonario decomiso
En los 12 registros realizados, entre ellos el domicilio del máximo responsable y los Call Center, se han intervenido dos kilos de cocaína, más de 100,000 euros (equivalente a más de dos millones de pesos), abundante documentación y libros de contabilidad, 50 terminales telefónicos, nueve vehículos y numerosas joyas y efectos de valor.
Durante la investigación, los agentes detectaron más de 100 víctimas y constataron que la red utilizaba diversos métodos de ocultación de la droga en los transportes, llegando a esconderla en caramelos, peines o en el interior de teléfonos móviles.
Víctimas de Colombia
Traían a las víctimas desde Colombia de forma irregular haciéndoles deudores de los gastos del viaje de su manutención en España, coaccionándoles para trabajar en presuntas oficinas de distribución de cocaína a domicilio y así saldar los pagos.
La investigación se inició durante el 2019 cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la posible existencia de una estructura criminal que podría estar captando a jóvenes de nacionalidad colombiana, con el objetivo de ser explotados en España con finalidades delictivas.
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Las pesquisas de los investigadores permitieron constatar que tras conseguir engañar a las víctimas, los arrestados costeaban los gastos de viaje para el traslado hasta nuestro país y corrían también con los gastos de alojamiento y manutención iniciales, proporcionándoles además una línea telefónica.
Una vez se encontraban plenamente instaladas en la capital madrileña, los responsables de la organización les informaban que debían abonar todos los gastos y les amenazaban con que de no hacerlo, los familiares que habían quedado residiendo en sus países de origen sufrirían serios daños.
Además la organización utilizaba esas amenazas para indicarles que la única forma que tenían de saldar la deuda era trabajar dentro de la estructura pseudo empresarial que habían creado, la cual consistía en un complejo entramado de reparto de droga a domicilio que tenía varias sedes distribuidas por la capital madrileña a modo de “oficinas” que disponían de Call Center en los que se recibían los encargos de estupefacientes y se cursaban las órdenes de los pedidos.
Las oficinas estaban ubicadas estratégicamente por la ciudad de Madrid, por zonas de consumo, para ofrecer unos tiempos de respuesta adaptados a los consumidores, llevándose a cabo los repartos por vehículos adquiridos por la organización, principalmente motocicletas, teniendo una logística compuesta por 20 domicilios desde donde se suministraba la droga.
