Un caso de violencia familiar dio un giro en México. Una mujer llamada Rita “N” fue acusada de intento de homicidio agravado en contra de sus tres hijos, pero en el proceso no tuvo una adecuada defensa y fue sentenciada.
La historia de Rita “N” llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues la mujer era víctima de violencia familiar y presuntamente intentó quitarse la vida con gas junto con sus tres pequeños. Ahora a la mujer le concedieron un amparo por su caso.
Madre de familia recibió 20 años de cárcel
La mujer fue condenada a 20 años de cárcel en un procedimiento abreviado que nunca le explicaron ni su defensora, ni la jueza y tampoco que podía apelar la sentencia.
Cuando quiso hacerlo, ya había pasado el tiempo. A partir de un proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz, la Primera Sala de la Corte examinó el caso.
¿Qué se sabe del caso de madre que intentó quitarse la vida con sus hijos?
Rita “N” fue detenida en el año 2016 tras ser hallada junto con sus hijos en estado de intoxicación por gas, en tanto, de la persona que cometió violencia familiar se desconocen más detalles.
Una vez que fue arrestada, se inició un proceso penal en su contra por homicidio agravado y calificado, en grado de tentativa, en agravio de sus tres hijos, en el cual tras un procedimiento abreviado se dictó una pena de 20 años.
La madre de familia alegó que no fue informada de su derecho a apelar y, en consecuencia, no comprendió las implicaciones del procedimiento, pero su apelación fue desechada por haberse presentado fuera de tiempo.
Ordenan reponer procedimiento por caso de mamá sentenciada
La ministra Loretta indicó que la mujer no fue asistida por personas defensoras debidamente especializadas en materia penal, lo cual impidió que comprendiera el alcance del procedimiento abreviado y el derecho que tenía a impugnar la sentencia.
Enfatizó además que, en este tipo de casos, aplicar de manera automática los plazos legales sin valorar el contexto de desventaja estructural, implica negar el acceso a la justicia.
La Primera Sala ordenó la inaplicación del Artículo 415 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respecto a la porción normativa de su párrafo primero y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la diligencia inmediatamente anterior de donde surgió la vulneración del derecho a la defensa.
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