Falta de agentes en los Ministerios Públicos: Uno de los problemas de la justicia en México
La falta de agentes del Ministerio Público tiene consecuencias directas sobre la percepción pública del sistema judicial.
La justicia en México enfrenta desafíos significativos que van más allá de la corrupción y la burocracia. Uno de los problemas más críticos es la falta de agentes del Ministerio Público (MP) y fiscales, lo que crea un déficit alarmante en la capacidad del sistema judicial para proporcionar justicia efectiva.
Según datos recientes del INEGI, estados como Guerrero cuentan con tan solo tres agentes por cada 100 mil habitantes, una cifra que refleja una grave insuficiencia en recursos humanos para atender el volumen de delitos y denuncias que se generan anualmente en el país.
Disminución de agentes del Ministerio Público
En Guerrero, la situación ha empeorado drásticamente en los últimos años. En 2021, el estado contaba con 16.3 agentes por cada 100 mil habitantes, cifra que se redujo a 9.7 en 2022 y ha caído a 3.1 en 2023.
Alejandra Gasca, doctora y observadora de la autoridad en México Unido Contra la Delincuencia A.C., señala que este problema está relacionado con el presupuesto destinado a las fiscalías y las condiciones laborales que se ofrecen a los agentes.
“Si es un tema de presupuesto, cómo cuidas a tus recursos humanos como fiscalía, se tiene que ver con el dinero y el salario”, comenta Gasca, enfatizando la necesidad de mejorar tanto las condiciones laborales como la seguridad de los agentes.
Cada año, se inician aproximadamente 2 millones de carpetas de investigación en México. Sin embargo, la gran mayoría de estas carpetas no llegan a ser judicializadas. En Baja California, por ejemplo, un solo agente del Ministerio Público debe manejar mil 14 expedientes al año, lo que resulta en un sistema sobrecargado e incapaz de procesar adecuadamente los casos.
Gasca destaca que “la gran mayoría de las carpetas de investigación no llega ni siquiera a la judicialización”, lo que significa que muchos delitos quedan sin resolver y las víctimas sin justicia.
La escasez de personal y los turnos incompletos agravan aún más esta situación, creando un limbo burocrático donde millones de denuncias esperan justicia sin respuesta.
