La propuesta de Ley de Telecomunicaciones presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado una intensa controversia en el Congreso, con críticas centradas en el riesgo de censura gubernamental y el fortalecimiento del control estatal sobre medios y plataformas digitales.
Diputados opositores han denominado al proyecto “Ley Gestapo”, argumentando que otorga al Ejecutivo facultades sin precedentes para regular contenidos e intervenir en la vida privada de los ciudadanos.
La Agencia de Transformación Digital como eje de crítica
El punto más polémico es la creación de la Agencia de Transformación Digital, que, según el coordinador del PRI Rubén Moreira, tendría acceso a datos personales, correos electrónicos, tráfico de internet y transmisiones de radio y televisión.
Moreira alertó que la agencia podría “bajar plataformas digitales” de forma unilateral y comparó su alcance con métodos de la Gestapo nazi, advirtiendo un avance hacia un modelo “fascista”.
Por su parte, José Elías Lixa (PAN) señaló que la iniciativa permite al gobierno eliminar medios digitales “incómodos” bajo pretextos ambiguos, facilitando persecuciones arbitrarias.
La censura con "A" provocó repugnancia y rechazo en la #CámaradeDiputados...
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 25, 2025
Alertan riesgos de control y censura presidencial para limitar la #LibertadDeExpresión y de prensa, la libre empresa y el derecho ciudadano a estar informados.
Incluso ya fue bautizada como la "Ley… pic.twitter.com/2oqrXy0kmh
División interna y presión opositora
Incluso legisladores de Morena expresaron reservas. Un diputado oficialista, que pidió no ser identificado, admitió que “hay disposiciones que deben revisarse para evitar censura”, y abogó por enmiendas que prioricen la transparencia.
Sin embargo, el PRI, PAN, PRD anunció que votará en contra y prepara recursos legales, al considerar que la iniciativa viola cuatro garantías constitucionales: libertad de expresión, derecho a la información, libertad empresarial y protección de datos personales.
El debate jurídico y social
Juristas coinciden en que la redacción actual de la ley colisiona con los artículos 5°, 6°, 7° y 16° de la Constitución. Lixa subrayó la contradicción de que una iniciativa promovida por una científica amenace el pensamiento crítico, mientras organismos como Article 19 exigieron mayor claridad en los criterios de intervención estatal. La comunidad internacional también ha mostrado preocupación por el posible “modelo de gobernanza autoritario”.
La oposición no descarta presentar amparos masivos si la ley se aprueba en su formato actual, además de impulsar movilizaciones ciudadanas.
