En México, la extorsión es uno de los delitos que más ha crecido en la última década, con denuncias que se han duplicado y regiones enteras dominadas por grupos criminales que cobran “cuotas” para supuestamente proteger a campesinos, transportistas, comerciantes e incluso gobiernos municipales.
En algunos estados, la extorsión genera más ganancias que el narcotráfico, lo que llevó al gobierno a aprobar una Ley Federal Anti-Extorsión con penas de hasta 42 años en prisión y sin posibilidad de liberación anticipada.
Aunque muchos celebran la intención de combatir este problema, la controversia surge porque la ley contiene definiciones tan vagas que pueden afectar a periodistas, críticos y ciudadanos comunes.
Definiciones ambiguas que ponen en riesgo la libertad de prensa
El artículo 15 de la ley define la extorsión como “obligar a alguien a tolerar algo” que cause daño moral, psicológico o patrimonial, sin necesidad de probar coerción real. Esto implica que un funcionario público podría argumentar que una nota periodística le causó un daño moral y acusar al reportero de extorsión solo por no gustarle la publicación.
El artículo 17, sección V, agrava las penas si la supuesta extorsión se realiza mediante cualquier medio electrónico, como mensajes, publicaciones, videos o transmisiones en vivo. Esto puede convertir la labor periodística y la expresión en línea en actos criminalizados.
Organizaciones alertan sobre riesgos para la democracia
Grupos defensores de la libertad de expresión, como Artículo 19, advierten que estas disposiciones violan estándares internacionales y pueden servir para intimidar y censurar críticas legítimas.
México ya tiene antecedentes preocupantes, como el uso del concepto de “violencia política de género” para multar y obligar a disculparse a mujeres que critican a políticos, una herramienta disfrazada de protección que en realidad censura.
Ambigüedad legal que puede silenciar a toda la sociedad
Esta nueva ley anti-extorsión corre el riesgo de convertirse en un instrumento para silenciar la información y el debate público. Al dejar espacios abiertos a interpretaciones arbitrarias, el Estado puede usarla contra quienes reportan o denuncian abusos. La verdadera interrogante es por qué, si no se busca castigar a los críticos, no se aclaran estas disposiciones legales que ponen en jaque la libertad de expresión en México.
