La extorsión a restaurantes continúa cobrando víctimas en México. En Ensenada, Baja California, el restaurante El Compa Chava cerró sus puertas después de que su dueño, Moisés Muñiz, se declarara incapaz de seguir pagando las cuotas de derecho de piso que exige la delincuencia organizada.
Con evidente desesperanza, el empresario explicó: “Llegó el límite en el que no puedo exponerme, no puedo exponer a mi familia, y no puedo exponer a mis clientes a ese riesgo, que en cualquier momento llegue un sicario cobarde y nos asesine por vender comida”.
Extorsión a restaurantes por la falta de protección
Moisés aseguró que cientos de negocios en Ensenada ya se encuentran bajo presión de grupos criminales. Muchos terminan pagando para sobrevivir, otros, como él, deciden cerrar. En sus declaraciones cuestionó directamente la falta de apoyo:
“Estos grupos dicen que ya tienen comprado tanto al gobierno estatal como al federal, y por ende, los municipios. Entonces, ¿a quién le pedimos ayuda?”.
El problema no es exclusivo de Baja California: la extorsión a restaurantes y comercios se ha vuelto común en diversas ciudades del país, afectando el empleo, la inversión y la seguridad de miles de familias.
El impacto en el sector empresarial
El presidente de la CANACO Ensenada, Nicolás Ayub, reconoció que el clima de inseguridad es un tema recurrente entre los empresarios:
“Lo que hacen es comentarlo en reuniones informales, pero la percepción de inseguridad en la ciudad es indudable”.
Y es que el cierre de restaurantes y pequeños comercios no solo implica pérdida de empleos, también significa que la delincuencia sigue ganando terreno frente a la inacción de las autoridades.
¿Qué están haciendo las autoridades de Baja California?
El caso llegó al Congreso del Estado, donde legisladores reconocieron la gravedad del problema. Diego Echevarría, coordinador de diputados del PAN en Baja California, señaló: “Son miles los que padecen este problema. Se cometen en promedio 115 mil delitos al año en Baja California y solo se investigan unos 20 mil. Eso significa que cerca de 90 mil casos quedan sin investigación”.
Pese a reuniones diarias entre gobiernos locales y federales para discutir seguridad, la realidad muestra que las soluciones no llegan y que la extorsión a restaurantes sigue avanzando.
