Obras fantasma y nepotismo: Así desaparecen el dinero en “La Escuela es Nuestra”

El programa “La Escuela es Nuestra”, creado en 2019 durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador con la supuesta finalidad de dignificar y mejorar la infraestructura educativa del país, se encuentra hoy en el ojo del huracán. Lejos de representar un avance para las aulas de los niños mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto el programa bajo la lupa tras detectar desvíos que superan los mil 500 millones de pesos desde su creación hasta la fecha.

El modelo, que entrega el dinero directamente a los comités escolares, ha dejado a cientos de planteles en el abandono mientras los recursos se esfuman. Así lo relata María Guadalupe Sánchez, madre de familia de la escuela primaria José María Morelos en Acatzingo, Puebla: “Hace aproximadamente año y medio, llegó un segundo recurso que fue de 600 mil pesos, pero lamentablemente ese recurso se perdió".

El diseño del programa delegó la administración del presupuesto directamente a los padres de familia, una decisión que ha abierto la puerta a la opacidad. De acuerdo con testimonios desde el interior de los planteles, la falta de supervisión institucional ha convertido la asignación de obras en un negocio familiar.

“Los papás son los que eligen a quién se les da el trabajo y, desafortunadamente, se lo dan a sus conocidos, a sus parientes, a los que ellos recomiendan. De alguna manera, ahí ellos mismos organizan esa rendición de cuentas”, denuncia de forma anónima una docente de preescolar.

Esta falta de rigor empata con los hallazgos oficiales. Entre los ejemplos de irregularidades que la ASF ha logrado documentar en sus revisiones a la cuenta pública destacan:

• Obras “fantasma” que nunca se construyeron.
• Facturas infladas por materiales a sobreprecio.
• Gastos millonarios sin comprobar o justificar.

El problema no se limita únicamente a las malas decisiones de algunos comités de padres, sino que apunta a una red de corrupción estructurada. Organizaciones civiles señalan que el programa se ha convertido en un negocio redondo donde padres de familia y Servidores de la Nación (funcionarios de la Secretaría del Bienestar) operan coludidos para desaparecer el dinero.

Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, detalla el nivel de cinismo con el que se operan estos desvíos: “Hay escuelas que no necesitaban nada y sí les llegó el apoyo, y pues lo ocuparon para eventos sociales en lugar de infraestructura... o reportaron en una escuela obras que fueron municipales y las hicieron pasar como si hubiera sido presupuesto de La Escuela es Nuestra”.

La organización civil ha ido más allá, identificando a los operadores gubernamentales detrás de este esquema. “Hemos detectado a más de 200 funcionarios públicos en activo que están, justamente, generando estas malas prácticas; tratan de buscar un beneficio adicional a lo que es su propio trabajo”, acusa Sánchez Martínez.

Desde su creación a la fecha, el gobierno federal ha canalizado más de 84 mil millones de pesos a este programa. Sin embargo, para los representantes de los padres de familia, la histórica inyección de capital no se refleja en las aulas.

“Hay una falta total de transparencia de un recurso que se está entregando de manera discrecional y directa, pero además no está teniendo un beneficio tangible. A lo largo de estos 7 años que ha estado esta nueva administración, la verdad es que ha sido un retroceso”, concluye el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Mientras tanto, los recursos públicos destinados a la educación de miles de niños se siguen perdiendo todos los días, cobijados por la total omisión de las autoridades competentes.