Corrupción en las aulas: El fracaso administrativo de “La Escuela es Nuestra”

El programa federal “La Escuela es Nuestra” (LEEN), concebido originalmente para dignificar los planteles educativos mediante la entrega directa de recursos a los padres de familia, se encuentra bajo el escrutinio público en este 2026. A pesar de contar con un presupuesto asignado de 26,000 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal, la realidad en las comunidades educativas dista mucho del discurso oficial de transparencia y mejora estructural.

El diseño del programa permite que los recursos, que oscilan entre los 200 y 600 mil pesos anuales por plantel, se entreguen de forma discrecional. Bajo el esquema de subsidios directos, una vez que el dinero se deposita en las cuentas de los comités escolares, el control gubernamental se vuelve casi inexistente. Esta falta de mecanismos de comprobación puntual ha facilitado que el presupuesto se destine a obras no prioritarias, como el empastado de áreas de juegos en lugares con carencias básicas, o peor aún, que el dinero simplemente desaparezca.

Un ejemplo alarmante de este desvío de fondos se localiza en Xochitlán, Puebla. En esta comunidad, una preparatoria recibió 600,000 pesos destinados a un salón de cómputo que, a la fecha, resulta inservible. La investigación en curso apunta a una red de sobrecostos y compra de equipo deficiente. De igual manera, en una secundaria cercana, el mismo monto solo alcanzó para construir un cuarto inconcluso, ignorando la necesidad urgente de una barda perimetral; actualmente, la seguridad de los alumnos pende de una malla metálica obsoleta.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido contundente en sus informes anuales. Desde 2019 hasta la fecha, se ha detectado la desaparición de más de mil 500 millones de pesos. El “modus operandi” detectado por los auditores incluye el uso de proveedores que desaparecen tras recibir pagos anticipados y la presentación de facturas infladas por materiales de ínfima calidad.

Lo que nació como un proyecto de empoderamiento ciudadano se ha transformado, según los datos técnicos, en un sistema que fomenta la opacidad. La constante en los planteles visitados es la misma: trabajos inconclusos, obras que no se requieren y una gestión de recursos sin auditoría en tiempo real.

Mientras el Gobierno Federal continúa inyectando capital masivo al programa, los resultados estructurales no aparecen. La Auditoría sigue el rastro de un dinero que, en lugar de fortalecer la educación pública, se está perdiendo en un complejo entramado de corrupción y falta de supervisión técnica.