La justicia le falló a Rosaura: Juez libera a su agresor pese a antecedentes de violencia
Liberan a agresor de Rosaura en Edomex, pese a proceso por violencia de género. Decisión judicial genera indignación y expone fallas en el sistema de justicia.
La reciente liberación de Marco Antonio N., expareja de Rosaura, un policía municipal previamente vinculado a proceso por violencia de género y privación ilegal de la libertad, ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre el sistema de justicia en México.
Rosaura, quien había sido reportada como desaparecida en Pachuca en octubre pasado y localizada con vida tres días después, se enfrenta ahora a la revictimización tras la decisión de la jueza Janet Montiel Mendoza. A pesar de los antecedentes de violencia y la gravedad de los delitos imputados, la jueza otorgó a Marco Antonio N. la suspensión condicional del proceso, permitiéndole salir en libertad a cambio de medidas cautelares como la prohibición de acercarse a la víctima y la reparación del daño.
Organizaciones civiles ven falta de perspectiva de género
La decisión de la jueza ha sido duramente criticada por organizaciones civiles y defensores de los derechos de las mujeres, quienes señalan la falta de perspectiva de género en la actuación de la fiscalía hidalguense y la unidad de medidas cautelares. Actualmente, se investiga la presunta responsabilidad de seis autoridades de diferentes dependencias y de una persona moral por su actuación en este caso.
Esta situación es alarmante en México y señala la ineficacia del sistema de justicia para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Según datos de organizaciones civiles, se registran entre seis y siete feminicidios al día en el país, muchos de los cuales podrían evitarse si se actuara de manera oportuna y efectiva.
Feminicidio vs Homicidio
La violencia familiar y de pareja es una de las principales causas de feminicidios, y a menudo, las víctimas han presentado denuncias previas que no fueron atendidas adecuadamente. De enero a noviembre de 2024, se registraron oficialmente 733 feminicidios en México, pero el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio estima que existe un sub registro de 3 mil casos. Además, solo el 25% de los feminicidios son investigados, lo que se traduce en un 75% de impunidad.
La impunidad generalizada y sistémica en México, alimentada por leyes inadecuadas, autoridades omisas y criterios interpretativos permisivos, perpetúa la violencia de género. El caso de Rosaura es un ejemplo de cómo la procuración y administración de justicia pueden fallar, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad y desprotección.
La pregunta que surge es si los servidores públicos responsables de estas fallas serán sancionados y si se tomarán medidas para garantizar la protección de las mujeres y prevenir futuros feminicidios.
