Un juez federal en Estados Unidos impuso un límite clave al poder de las autoridades al prohibir que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) realice una revisión general y no supervisada de dispositivos electrónicos incautados en la casa de la periodista Hannah Natanson, reportera del The Washington Post. La decisión reaviva el debate acerca de la libertad de prensa, confidencialidad de fuentes y los límites de las investigaciones federales.
El fallo fue emitido por el juez William Porter, quien determinó que será el propio tribunal el encargado de revisar el contenido de los dispositivos, en lugar de permitir que un equipo del DOJ inspeccione directamente la información. El objetivo: evitar registros amplios que puedan vulnerar derechos constitucionales.
Huge win for Hannah Natanson and the Washington Post today: the judge ruled that the government cannot search the devices they seized from her. https://t.co/XwYngNlWYz pic.twitter.com/mKYpFJehDm
— Runa Sandvik (@runasand) February 24, 2026
¿Por qué el DOJ no podrá revisar los dispositivos?
De acuerdo con la resolución judicial, permitir un acceso irrestricto a los equipos de una periodista podría violar la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa. El juez subrayó que una búsqueda sin filtros ni supervisión judicial podría exponer material periodístico sensible, incluyendo comunicaciones con fuentes confidenciales.
La medida establece un mecanismo de revisión controlada, en el que el juez analizará personalmente los archivos para determinar qué información es pertinente para la investigación y cuál debe permanecer protegida.
From federal Magistrate Judge William Porter's ruling tonight barring @TheJusticeDept from accessing information on @washingtonpost reporter @hannah_natanson's devices, which were seized by the @FBI last month: pic.twitter.com/wZTxxT7QvC
— Peter Spiegel (@SpiegelPeter) February 24, 2026
¿Qué investiga el gobierno federal?
El caso está vinculado a una investigación por la supuesta filtración de información clasificada relacionada con el Pentágono. Aunque las autoridades buscan identificar el origen de la filtración, organizaciones defensoras de la prensa han advertido que criminalizar el trabajo periodístico podría sentar un precedente peligroso.
El DOJ sostiene que la investigación es necesaria por razones de seguridad nacional, pero el tribunal dejó claro que ese interés no está por encima de las garantías constitucionales.
¿Qué implicaciones tiene para la libertad de prensa?
Especialistas en derecho constitucional y libertad de expresión consideran que el fallo refuerza la protección a periodistas frente a investigaciones intrusivas. Casos como este definen hasta dónde puede llegar el Estado cuando se cruzan seguridad nacional y derecho a informar.
El Washington Post reitera que defenderá el trabajo de sus reporteros y la confidencialidad de sus fuentes, principio esencial del periodismo de investigación. La resolución abre una discusión más amplia: ¿cómo equilibrar la seguridad del Estado con el derecho de la sociedad a estar informada sin presiones ni censura?
