Sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico exige transparencia a casi dos meses de la tragedia

Han pasado casi dos meses del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z (28 de diciembre de 2025) y un sobreviviente exige claridad en la investigación. En el incidente murieron 14 personas y cerca de 100 resultaron heridas, además, gran parte de las familias afectadas acusan opacidad de las autoridades.

El 28 de diciembre, el tren en cuestión, que circulaba entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, descarriló en una curva cerca de Nizanda, Oaxaca, cuando viajaba por encima de la velocidad permitida.

Tras meses sin información pública detallada sobre las causas técnicas y responsabilidades, Juan Manuel Iglesias López ofreció una conferencia de prensa para alzar la voz por las víctimas y pedir que se abra la investigación con transparencia.

Hasta este martes, y luego de su reclamo público, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció formalmente a Iglesias López y a su familia (esposa e hijo) como víctimas del accidente, lo que les permite acceder a la carpeta de investigación y participar en el proceso legal.

Ese reconocimiento legal llega después de semanas de que muchas de las personas afectadas no habían sido consideradas oficialmente en la indagatoria, pese a haber sufrido lesiones o pérdidas.

La FGR ha señalado que el descarrilamiento se debió principalmente al exceso de velocidad del tren al tomar una curva donde el límite era menor, de acuerdo con los datos de la caja negra.

También se han emitido órdenes de aprehensión contra al menos tres operadores del Tren Interoceánico, acusados de homicidio culposo y lesiones en el mismo grado. La investigación muestra que algunos de los conductores no contaban con licencia vigente, y que hubo fallas en la certificación del personal que manejaba la unidad el día del accidente.

Varias de las víctimas (incluida la familia Iglesias) presentaron denuncias formales ante la FGR contra constructoras, contratistas y servidores públicos ligados a la rehabilitación de la Línea Z, por supuestas fallas constructivas, mala supervisión y omisiones que habrían contribuido al accidente.

Los afectados señalan que la obra pudo haber tenido irregularidades acumuladas desde su inicio, y que las inspecciones fueron superficiales, con posibles deficiencias en los materiales de construcción y supervisión técnica.

El caso ha estado marcado por la reserva de información clave, que fue clasificada hasta 2031 por la administración del tren bajo el argumento de “seguridad nacional”. Esa decisión ha generado críticas de especialistas en infraestructura, que consideran que datos técnicos básicos sobre vagones, bitácoras operativas y reportes del centro de mando deberían ser públicos para permitir una evaluación independiente de lo ocurrido.

Las familias afectadas continúan exigiendo acceso a la carpeta de investigación y a dictámenes periciales completos, además de la oportunidad de presentar pruebas relacionadas con lesiones, daños y posibles omisiones en protocolos de seguridad.

Mientras tanto, la investigación de la FGR sigue en curso, y la exigencia de los sobrevivientes por transparencia, rendición de cuentas y sanciones claras para los responsables se mantiene como uno de los principales reclamos públicos a casi dos meses de la tragedia.