Jair Bolsonaro deberá presentarse a declarar ante la policía federal sobre los disturbios que se generaron el pasado 8 de enero en Brasil, cuando Lula da Silva tomó protesta como presidente del país.
El Tribunal Supremo de Brasil dio al expresidente un plazo de 10 días para presentarse a declarar. asegurando que “es una medida indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados”.
El Ministro Alexandre de Moraes determinó que Jair Bolsonaro debe testificar en la investigación sobre los responsables intelectuales y personas que instigaron los actos golpistas el 8 de enero de 2023.
#NotíciaSTF O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste depoimento no Inquérito (INQ) 4921, que apura a responsabilidade de autores intelectuais e de pessoas que instigaram os atos golpistas de 8 de janeiro. (1/3)
— STF (@STF_oficial) April 14, 2023
Aunque la procuraduría pidió la audiencia con Bolsonaro poco tiempo después de los actos vandálicos, el expresidente no se presentó debido a que no se encontraba en el país, por los ahora tiene 10 días para dar su testimonio.
¿Qué pasó en Brasil el 8 de enero de 2023?
Seguidores ultraderechistas de Jair Bolsonaro invadieron y causaron destrozos en el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo del país el 8 de enero de 2023, en protesta por su derrota ante el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del año pasado.
Bolsonaro estuvo tres meses en Estados Unidos tras perder las elecciones, volvió a Brasil en marzo, pero se enfrentará a investigaciones judiciales centradas en sus ataques contra el sistema de votación de Brasil mientras se postulaba para la reelección y su presunto papel en alentar a sus seguidores para llevar a cabo los disturbios en Brasilia el 8 de enero.
Bolsonaro nunca admitió su estrecha derrota en las elecciones de octubre y sigue cuestionando la confiabilidad del sistema de votación de Brasil, por lo que solicitó la impugnación de las elecciones del 2022 en Brasil.
El TSE rechazó su demanda formal de impugnación del resultado y multó a su partido con más de 4 millones de dólares por lo que calificó como litigio de mala fe.
