La Auditoría Superior de la Federación vuelve al centro del debate público. Aunque su función es vigilar el uso del dinero público, las cifras acumuladas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han reavivado cuestionamientos sobre su eficacia real. Diversos reportes señalan irregularidades millonarias detectadas por el órgano fiscalizador, pero con pocas consecuencias judiciales o administrativas para los responsables.
Durante ese periodo, la Auditoría Superior de la Federación reportó inconsistencias que suman alrededor de 417 mil 321 millones de pesos, relacionadas con presuntos desvíos de recursos, pagos injustificados, gastos sin comprobar y posibles manipulaciones de información en distintas dependencias y proyectos gubernamentales.
Irregularidades millonarias sin consecuencias claras
Entre los casos más señalados se encuentra el escándalo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde auditorías detectaron presuntas irregularidades cercanas a 12 mil 300 millones de pesos. A pesar del impacto mediático del caso, críticos del sistema de fiscalización aseguran que las sanciones han sido limitadas frente al tamaño del daño reportado.
Otro ejemplo citado con frecuencia es el del Tren Maya, proyecto emblemático del gobierno federal. En la revisión de 2023 se identificaron inconsistencias superiores a 2 mil 400 millones de pesos, vinculadas a contratos, sobrecostos y documentación incompleta.
Situación similar se menciona en obras como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde también se han reportado observaciones por gastos no comprobados y pagos considerados irregulares.
El caso Texcoco y el choque con el gobierno
Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando la Auditoría estimó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco había generado un costo cercano a 331 mil millones de pesos.
La cifra provocó una fuerte reacción del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó públicamente el cálculo y sugirió que podía tratarse de un error o incluso de una postura con tintes políticos.
Tras la polémica, el organismo revisó nuevamente la estimación y redujo el monto reportado a poco más de 100 mil millones de pesos, lo que alimentó críticas sobre la autonomía y fortaleza del órgano fiscalizador.
Cambios en la Auditoría y dudas sobre su independencia
El titular de la Auditoría durante ese periodo fue David Colmenares, cuya gestión también fue cuestionada por sectores políticos y especialistas que consideran que la institución perdió fuerza como contrapeso del poder.
Recientemente, el cargo fue asumido por Aureliano Hernández Palacios Cardel, designación que generó debate debido a su cercanía política con sectores de la llamada Cuarta Transformación y a cuestionamientos sobre su experiencia técnica en auditoría.
La aprobación de su nombramiento fue unánime en el Congreso, con respaldo de todas las fuerzas políticas, lo que también despertó interrogantes entre analistas sobre el papel que jugará la Auditoría en los próximos años.
El reto de recuperar credibilidad
Especialistas en transparencia coinciden en que la fiscalización del gasto público enfrenta un reto central: transformar las observaciones en sanciones reales.
Mientras los informes detectan irregularidades millonarias cada año, la percepción pública es que pocas de esas observaciones terminan en recuperación de recursos o procesos judiciales contra funcionarios.
