El periodista especializado en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor consideró como “una buena noticia” que el gobierno federal haya reconocido la autenticidad del video en el que aparece una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. Sin embargo, subrayó que esta rectificación llegó cuando ya no era posible sostener la versión oficial.
Durante una entrevista, el especialista fue contundente: la evidencia acumulada dejó sin margen a la narrativa inicial impulsada por Infodemia MX, que había desmentido el material.
Más allá del video en sí, Gómez Villaseñor puso el foco en lo que considera el verdadero problema: el uso de recursos públicos para desacreditar a periodistas. Advirtió que no se trata solo de una disputa informativa, sino de una práctica que puede afectar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Sin protocolos y con riesgos para el periodismo
El experto también cuestionó la forma en que se intentó desmentir el video. Aseguró que no se aplicaron mecanismos de verificación sólidos ni estándares internacionales, lo que deja en entredicho la credibilidad de los procesos oficiales de fact-checking.
En su análisis, este caso no es aislado. Lo vinculó con una dinámica de comunicación que se ha mantenido desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en el segmento “Quién es quién en las mentiras”.
El periodista reveló que él mismo ha sido señalado por Infodemia MX, lo que lo llevó a interponer un amparo. Un juez federal ya le concedió una suspensión provisional que impide que sus investigaciones sean descalificadas sin sustento técnico, un precedente que, dijo, debería aplicarse de forma general.
Además, alertó sobre los riesgos de exhibir a periodistas desde espacios oficiales, ya que esto puede detonar violencia que inicia en lo digital y escala a otros niveles, en un país donde ejercer el periodismo implica altos riesgos.
Preparan denuncia contra Jenaro Villamil
Gómez Villaseñor adelantó que presentará una denuncia contra Jenaro Villamil y Miguel Ángel Elorza por presuntas irregularidades en el manejo de información, bajo posibles faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El objetivo, explicó, es establecer responsabilidades individuales en la difusión de contenidos incorrectos desde instancias oficiales. Recordó que existen antecedentes como el caso del periodista Raymundo Riva Palacio, quien obtuvo una resolución favorable en un proceso similar.
Más allá del terreno legal, el periodista también habló del impacto personal. Señaló que la descalificación desde plataformas oficiales afecta directamente la credibilidad profesional y genera un desgaste emocional considerable, especialmente cuando proviene desde la Presidencia.
