Las investigaciones por el llamado huachicol fiscal siguen escalando y ahora salpican a personajes de alto perfil político y militar. Un testigo protegido reveló presuntos vínculos entre mandos de la Secretaría de Marina, el concesionario de un muelle estratégico en Tamaulipas y personas cercanas al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Testigo protegido señala red en la Aduana de Tampico
De acuerdo con el expediente abierto en la Fiscalía General de la República, el caso del “robo del siglo” no se limita a operadores privados, sino que involucra a funcionarios que habrían permitido el ingreso irregular de combustible al país.
En las indagatorias aparece el nombre del almirante Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, quien asumió la titularidad de la Aduana de Tampico en enero de 2025, justo cuando se registró un megadecomiso de hidrocarburos. Según las declaraciones del testigo protegido identificado como “Santo”, su antecesor en el cargo, el mando naval presuntamente permitió la entrada de millones de litros de diésel etiquetados como “aditivo para aceite lubricante”, una práctica utilizada para evadir impuestos y controles fiscales.
Las declaraciones apuntan a que, entre febrero y marzo de 2025, al menos seis de los 17 buques identificados por la Fiscalía con cargamentos ilegales habrían ingresado bajo su gestión. Entre las embarcaciones señaladas están el Torm Louise, que realizó tres viajes; el Cosmic Glory; el PS Imabari; y el Yellow Stars. Todos habrían arribado al recinto fiscal 289 en el puerto de Tampico.
Concesión bajo la lupa y cercanía política
El recinto fiscalizado 289 opera bajo concesión desde junio de 2020 a la empresa Tampico Terminal Marítima, propiedad del empresario tabasqueño Saúl Vera. De acuerdo con el testimonio integrado en la carpeta de investigación, este empresario mantiene una relación cercana con Adán Augusto López Hernández, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés o redes de protección política.
La Fiscalía también indaga la posible participación de otros mandos vinculados a la Secretaría de Marina y a familiares del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, específicamente los hermanos Farías Laguna, quienes habrían operado parte de la red de contrabando.
Hasta ahora, ni el almirante Goicoechea ni el empresario concesionario han emitido una postura pública sobre los señalamientos. La investigación continúa abierta y será la Fiscalía la que determine si existen elementos suficientes para proceder penalmente.
