El silencio institucional tras el ciberataque masivo al Gobierno Federal ha comenzado a romperse desde el Senado de la República. Ante la confirmación de que bases de datos críticas de al menos 25 dependencias fueron vulneradas, el Grupo Parlamentario del PRI ha decidido pasar a la ofensiva exigiendo cuentas claras a la recién creada Agencia de Transformación Digital.

Los legisladores priistas, encabezados por su coordinador Manuel Añorve Baños, formalizaron un Punto de Acuerdo con una exigencia principal: la comparecencia inmediata del titular de la Agencia, José "Pepe" Merino. El objetivo es que el funcionario deje de minimizar el problema en comunicados y explique, de cara a la nación, la magnitud real del robo de información que afectó a instituciones neurálgicas como la SEP, el IMSS y la Secretaría de Salud.

Para la bancada tricolor, la filtración de terabytes de información, que presuntamente incluye datos biométricos y personales de millones de mexicanos, no puede tratarse como un incidente menor o "información vieja", como sugirió la Agencia inicialmente.

“La filtración masiva de datos personales no es un error técnico, es una negligencia grave”, sentenció Añorve Baños. El senador recordó que, durante el debate para crear la "super agencia" digital, la oposición advirtió sobre los riesgos de centralizar información sensible sin las garantías de seguridad adecuadas.

“Morena no es capaz de cuidar los datos personales de las y los mexicanos y la realidad les dio la razón”, acusó el legislador, señalando que los protocolos "confiables" prometidos resultaron ser de papel ante el ataque del grupo Chronus.

Exigen investigación y sanciones por hackeo masivo a instituciones del gobierno

El PRI no solo busca explicaciones técnicas, sino responsabilidades administrativas. En su solicitud, exhortaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a iniciar investigaciones formales para determinar si hubo omisiones, negligencia o incompetencia por parte de los encargados de la ciberseguridad gubernamental.

La exigencia es clara: Pepe Merino debe presentar un plan de respuesta inmediata y prevención a largo plazo, pero sobre todo, debe asumir la responsabilidad política de una brecha de seguridad que deja a la ciudadanía expuesta ante la delincuencia organizada.

“La privacidad de los ciudadanos no es negociable ni se defiende con discursos”, concluyó Añorve, advirtiendo que este tema no se cerrará hasta que se garantice que la información de los mexicanos está segura.