En los próximos días se consumará el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México.

Como habíamos advertido, la justicia en el país ya solo responde a presiones políticas, con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) totalmente doblegados al poder político.

Reiteramos nuestra disposición a pagar lo justo y correcto. Continuaremos la legítima defensa de nuestras causas y derechos ante múltiples instancias y hasta internacionales.

Acá nuestra posición al respecto:

EN MÉXICO YA NO EXISTE EL ESTADO DE DERECHO: LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SE CONFIRMA AL SERVICIO DEL PODER POLÍTICO

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2025.- Desde hace mucho tiempo, al igual que muchos en México, hemos advertido que, producto de la reforma judicial y su gran farsa electoral, diseñada y ejecutada por el partido en el gobierno para consolidar el control absoluto del Estado mexicano y terminar de destruir la democracia, el Estado de Derecho en nuestro país dejaría de existir. Y eso es precisamente lo que está sucediendo.

Hoy, todos los mexicanos somos testigos de una 'justicia' amañada, guiada por la consigna, no por el derecho ni valores democráticos. Más grave aún es que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, además de ilegítima, está integrada por un grupo de ministros doblegados a la presión política y sumisos a los intereses de sus verdaderos jefes en el Poder Ejecutivo, y que además pretende destruir garantías y sepultar el amparo como derecho de los particulares para defenderse de los abusos del Estado.

En nuestro caso, ha sido evidente la campaña sistemática orquestada desde el Ejecutivo, tanto por Andrés Manuel López Obrador como por Claudia Sheinbaum, para presionar y forzar a los ministros de la SCJN a que fallen en el sentido que les interesa. Las más de 280 menciones en nuestra contra en sus conferencias matutinas son, entre otros elementos, una clara demostración de ello.

En los próximos días se confirmará esta perversión del sistema de justicia en nuestro país, dado que los ministros de la SCJN darán cuenta de algunos asuntos de nuestras empresas y lo harán en línea con este nuevo estilo. Ese día, todos los mexicanos atestiguaremos el fin del Poder Judicial como un contrapeso y una herramienta útil para los mexicanos.

Este grupo de ministros -unos presionados y obligados por el Ejecutivo, y otros dogmáticos llenos de indudables prejuicios en contra nuestra- emitirán resoluciones sin lógica jurídica ni apego mínimo al derecho y respeto a la Constitución, con guiones aprobados desde Palacio Nacional con tal de cumplir el mandato de convalidar las extorsiones fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que incluyen cobros dobles por el mismo impuesto e impuestos por los que nunca se auditó a una de nuestras empresas, sentando así un precedente que permitiría que se impongan créditos fiscales sin garantía de audiencia para los contribuyentes.

Qué mayor prueba de todo esto que la inclusión extemporánea en la medianoche de este viernes pasado de nuestros asuntos en la lista oficial, en donde, además, ya dejan claro el sentido de sus resoluciones. Eso, digan lo que digan, confirma que la justicia y el Estado de Derecho ya no existen en México.

Ante este flagrante atropello de nuestros derechos, advertimos desde hoy que:

  • Siempre hemos estado dispuestos a pagar lo que es correcto, de acuerdo con las resoluciones del propio SAT y las sentencias de los tribunales, en donde se establecen que no procede el doble cobro. Lo que no haremos jamás es ceder ante los cobros dobles abusivos, inconstitucionales e inmorales inventados por la autoridad con una clara intención política: la de callarnos solo por el hecho de pensar diferente a ellos, expresar nuestras opiniones y, aunque les incomode, decirle la verdad a millones de mexicanos.
  • Estas resoluciones de la SCJN no son definitivas y, al ser violatorias de los derechos humanos mínimos y fundamentales como el de audiencia, debido proceso y legalidad, continuaremos la legítima defensa de nuestras causas ante instancias múltiples e iniciaremos acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Urgimos nuevamente al SAT a que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, conforme a derecho, sin doble cobro y eliminando los exorbitantes recargos, para proceder a liquidarlos.
  • Por último, informamos que estamos evaluando interponer una demanda en contra del SAT y quienes resulten responsables por su doloso silencio administrativo al habernos negado el derecho constitucional de petición, así como por violar nuestro derecho humano a una justicia pronta y expedita, toda vez que la dilación intencional de nuestros casos es responsabilidad directa de sus funcionarios.

Que todo México lo tenga claro: por más presiones políticas, justicia selectiva e intentos por silenciarnos, aquí estamos y aquí vamos a seguir muchos años más.