El terror de la impunidad y el abandono oficial tienen un rostro: el de Rosalinda, una expolicía de investigación en San Luis Potosí (SLP) que ha visto cómo su labor le ha arrebatado lo más preciado. En una denuncia pública que sacude al sistema de justicia, Rosalinda revela que sus superiores la dejaron sola frente a amenazas directas, lo que resultó en el asesinato de sus dos hijos, quienes, afirma: “Nada tenían que ver”.

“Pura frustración, pura culpa porque por mi trabajo, me mataron a mis hijos, que nada tenían que ver”, detalló Rosalinda, evidenciando la doble victimización que sufrió.

Denunció, recibió amenazas y la abandonaron

La oficial de investigación informó anticipadamente de estas amenazas tras denunciar presuntas irregularidades de dos de sus compañeros y posible participación con el crimen organizado, pero recibió el abandono más doloroso: “Yo fui la única que los enfrenté y ve lo que estoy pagando, cinco años de sufrimiento”.

“El mensaje iba muy explícito, información que nadie podía tener, ni siquiera el Cártel Jalisco, era información de mis compañeros. Yo informé de esas amenazas, a mi me abandonaron por ser mujer”, explicó la expolicía de investigación.

La respuesta de sus superiores, según relata, fue indolente: “Jefe le dijiste lo que pasó hace 10 días al director y me dijo ‘ay güera no le dije, es que no fuera a pensar que eran chismes’”, explicó.

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Rompe el silencio en el Congreso de San Luis Potosí

La desesperación llevó a Rosalinda a tomar una medida radical este año: irrumpir una sesión en el Congreso de San Luis Potosí para señalar a un aspirante a juez que, según sus pruebas, podría estar relacionado con el homicidio.

“Tengo datos, pruebas de que él pertenece a ese cártel y era parte del cártel de la ministerial, por eso mataron a mis hijos”, agregó, destapando la presunta colusión entre funcionarios y el crimen organizado.

Activistas también viven bajo amenaza constante

Este peligro no es exclusivo de la oficial. Diana Cruz, abogada y activista que ayuda a mujeres víctimas de violencia, también relata la persecución.

“Empezaron a ocurrirme todo tipo de cosas, me ponchaban las llantas, uno de mis hijos tuvo un atentado en la escuela, a mí me intentaron arrojar ácido en la camioneta”, explicó.

La situación de ambos casos confirma la advertencia de la ONU: México es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos.

Miguel Meza, de la Organización Civil Defensorxs, lo resume con crudeza: “Es enfrentarte al abandono del gobierno y también muchas veces enfrentarte al gobierno mismo que en México sí tenemos un narcoestado”.

Por ello, los especialistas señalan que el único recurso real de protección es el apoyo solidario de la ciudadanía.