El nuevo saqueo: Despojan casas y el gobierno archiva los casos

En México, mientras las autoridades presumen combatir el robo de combustible con operativos y campañas mediáticas, se vive una realidad paralela y preocupante: el despojo de propiedades familiares continúa creciendo con una impunidad alarmante.

Historias como la de don Arturo y doña Yasmín Fernández Hernández, víctimas de despojo, reflejan la falta de eficacia en la justicia y la desprotección a personas vulnerables.

La propiedad en cuestión era un patrimonio familiar que permanecía habitado únicamente por los padres, ambos adultos mayores, cuando al regresar de unas vacaciones se toparon con la invasión de su hogar.

Don Arturo, de 90 años, y su esposa de 88, fueron despojados y sus pertenencias robadas, dejándolos literalmente en la calle. Durante más de 10 años han enfrentado un agotador proceso legal para demostrar la legítima propiedad de la vivienda, pero las autoridades no sólo han demorado en actuar, sino que ahora han decidido archivar su caso bajo el argumento de prescripción del delito, según explicó Jorge Cruz, representante jurídico de la familia.

Este caso no es una excepción: el diputado local panista Diego Garrido señala que en la Ciudad de México se han denunciado más de 24 mil casos similares de despojo. La impunidad y la corrupción permiten que invasores continúen asentándose ilegalmente en propiedades ajenas, mientras las víctimas padecen interminables trámites y la falta de una respuesta efectiva de las autoridades.

A pesar de su avanzada edad y de padecer un cáncer avanzado de piel, don Arturo se ha presentado en audiencias públicas y ha enviado escritos a la jefa de gobierno y a la fiscal para solicitar que su familia recupere el hogar que les fue arrebatado. Su mensaje es claro: “Esto es un delito, ¿dónde están las autoridades? No pueden esperar a que muera para entregar la casa a esos invasores”.