Comité de la ONU exhibe a México por desapariciones y familias exigen estrategia nacional

Colectivos de búsqueda, familias de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos en México respaldaron la reciente decisión del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de escalar la crisis mexicana ante la Asamblea General de la ONU. Para estos grupos, el movimiento no solo visibiliza una tragedia persistente, sino que también coloca al Estado mexicano bajo un escrutinio internacional más amplio.

Las familias consideran que este paso representa una oportunidad clave para que el gobierno federal reconozca la magnitud del problema y, sobre todo, abra canales reales de diálogo. En su posicionamiento, insistieron en que el acercamiento directo con las víctimas es indispensable para construir soluciones efectivas, lejos de discursos oficiales o cifras aisladas.

Uno de los principales reclamos de los colectivos es que la Presidencia de la República convoque a todas las familias afectadas para escuchar de primera mano la dimensión de la crisis. Aseguran que solo a partir de ese reconocimiento se podrá diseñar una verdadera Estrategia Nacional de Búsqueda que responda a la realidad del país.

Además, reiteraron que el Estado debe asumir su responsabilidad en las fallas estructurales que han impedido avances sustanciales. Subrayaron que el diálogo no es opcional, sino la única vía viable para reconstruir la confianza y atender una crisis que, aseguran, sigue creciendo.

El informe del Comité de la ONU coloca a México en una posición alarmante a nivel mundial. De acuerdo con los datos presentados, el país concentra el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo. Entre 2012 y febrero de 2026, se han acumulado 819 casos, lo que representa el 38 % del total global.

La preocupación aumenta al observar el comportamiento reciente: en apenas cinco meses, de septiembre de 2025 a febrero de 2026, se registraron 40 nuevas solicitudes, una cifra que supera a la de muchos países en periodos más largos. El organismo internacional también advierte sobre deficiencias graves en los mecanismos de respuesta del Estado, lo que agrava la situación para las familias que buscan a sus seres queridos.

En contraste, el Gobierno de México respondió con dureza al informe, calificándolo de “tendencioso” y cuestionando su rigor jurídico. A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación señalaron que el documento omite los esfuerzos institucionales realizados en los últimos años.

Las dependencias federales argumentaron que el Comité no consideró adecuadamente la información proporcionada por el Estado mexicano, lo que, a su juicio, genera una visión incompleta de la situación. Esta postura evidencia una brecha entre la narrativa oficial y la percepción de las víctimas.