Periodismo bajo fuego: Denuncian peligro a la libertad de expresión en México

Organizaciones internacionales como Arítulo 19 han alertado sobre el preocupante uso del sistema judicial para silenciar la libertad de expresión y consigo el periodismo en México.

En nuestro país, la persecución por decir lo que piensas ya es una rutina constante y esto amenaza a absolutamente todos los mexicanos.

En Puebla, el discurso de libertad parece chocar con la realidad. El gobierno de Alejandro Armenta y la Fiscalía estatal han reactivado un proceso del año 2020 en contra de Rodolfo Ruiz , director de e-consulta. Se le acusa de lavado de dinero, un cargo que el periodista califica como una clara "persecución política".

Ruiz asegura que este acoso judicial es una respuesta directa a sus investigaciones sobre nepotismo, abusos en hospitales psiquiátricos y el polémico caso "Nórdica". Actualmente, el comunicador tiene prohibido salir del país y debe firmar cada mes ante las autoridades, lo que limita severamente su labor informativa.

La situación en Veracruz es aún más extrema. Desde la Nochebuena, el periodista Rafael León Segovia se encuentra tras las rejas en Coatzacoalcos. La Fiscalía lo acusa de delitos graves como terrorismo y encubrimiento, cargos que Artículo 19 considera un "precedente peligroso".

Utilizar términos como terrorismo para procesar a quienes informan es visto por especialistas como una táctica de miedo para que otros comunicadores decidan callar antes de enfrentar una celda. Veracruz sigue consolidándose como una de las zonas más hostiles para ejercer el periodismo en México.

El cáncer de la censura no se detiene en el centro del país. En Campeche, la situación contra el periodista Jorge González y el diario Tribuna ha tomado un tinte autoritario; se denuncia que existe vigilancia directa para evitar críticas contra la gobernadora Layda Sansores.

Por otro lado, en Sonora, el caso de la ciudadana Carla Estrella muestra cómo se utilizan conceptos como "violencia de género" para castigar opiniones políticas. Por criticar a una diputada, ahora enfrenta el proceso judicial conocido como "Dato Protegido", lo que marca una nueva ruta para castigar la libre opinión ciudadana.

La organización internacional ha sido enfática: las leyes mexicanas están siendo pervertidas para convertirse en mecanismos de censura. En lugar de proteger a los ciudadanos, los procesos judiciales se usan para desgastar física, económica y emocionalmente a quienes se atreven a cuestionar al poder.

Este patrón de conducta en gobiernos de extracción morenista preocupa a los defensores de derechos humanos, quienes ven un intento sistemático por controlar la narrativa pública y eliminar el contrapeso que representa la prensa independiente en los estados.

Estos casos, ocurridos en los últimos días del 2025, envían un mensaje escalofriante para el inicio del próximo año: la crítica tiene un precio alto. La comunidad internacional mantiene la lupa sobre México, esperando que los tribunales actúen con autonomía y no como brazos ejecutores de las administraciones estatales.

La consigna de los periodistas afectados es clara: la verdad no se puede ocultar con carpetas de investigación, pero el costo de contarla está poniendo en riesgo la democracia misma del país.