El “Mini Lic” y la DEA: lo que reveló su sentencia en EU

El nombre de Dámaso López Serrano, alias "Mini Lic" , volvió a colocarse en el radar judicial en Estados Unidos, no solo por la sentencia que recibió, sino por la pregunta que rodea su caso: ¿existía un acuerdo con la DEA y por qué terminó rompiéndose?

López Serrano, identificado como uno de los operadores del Cártel de Sinaloa, fue condenado a cinco años de prisión luego de reincidir en actividades de narcotráfico, específicamente por intento de distribución de fentanilo, mientras se encontraba bajo supervisión federal.

El caso resulta relevante porque "Mini Lic" no era un acusado común. Tras entregarse en 2017, se convirtió en testigo protegido y colaborador de las autoridades estadounidenses, lo que le permitió acceder a beneficios judiciales que quedaron sin efecto tras violar los términos de su acuerdo.

Dámaso López Serrano es hijo de Dámaso López Núñez, el "Licenciado", uno de los operadores históricos del Cártel de Sinaloa . Desde temprana edad estuvo vinculado a la estructura del grupo criminal y llegó a desempeñar un papel relevante dentro de la organización.

Su cercanía con mandos clave del cártel y su conocimiento interno lo colocaron como una figura de interés para las autoridades estadounidenses, particularmente en investigaciones de alto perfil contra el narcotráfico mexicano.

En 2017, el "Mini Lic" se entregó voluntariamente a autoridades de Estados Unidos y aceptó colaborar como testigo protegido con la DEA.

Como parte de ese acuerdo, López Serrano proporcionó información considerada clave en investigaciones contra integrantes de alto nivel del Cártel de Sinaloa, incluidos los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán . A cambio, recibió beneficios legales condicionados al cumplimiento estricto de la ley y a no reincidir en actividades criminales.

Mientras se encontraba bajo supervisión federal, López Serrano fue acusado de intento de distribución de fentanilo , una sustancia considerada prioritaria por las autoridades de Estados Unidos debido a su impacto en la crisis de opioides.

La reincidencia constituyó una violación directa de los términos del acuerdo de cooperación, lo que anuló su estatus de testigo protegido y reactivó el proceso penal en su contra.

El juez federal Anthony Trenga determinó una condena de cinco años de prisión, al considerar que el "Mini Lic" incumplió de forma grave el compromiso asumido con las autoridades estadounidenses.

La resolución deja claro que los acuerdos de cooperación no ofrecen inmunidad permanente y que cualquier reincidencia, incluso de colaboradores clave, tiene consecuencias penales.