El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán dio entrada a un paquete de 30 controversias constitucionales promovidas por ayuntamientos de oposición contra la primera parte del “Plan B” en materia electoral.
Los municipios alegaron ante el máximo tribunal del país que las reformas vulneran su autonomía presupuestaria por limitarles a 0.1 por ciento el gasto en comunicación social, sin embargo, el ministro Pérez Dayán rechazó suspender la aplicación de la nueva ley electoral.
Admiten controversias pero no suspenden Plan B electoral
El integrante del máximo tribunal del país consideró que no era necesario tomar esta medida cautelar de suspender la ley, toda vez que se trata de una norma general que no afecta de manera irreversible ningún derecho humano.
“Una razón adicional para negar la suspensión solicitada, consiste en que la parte actora tampoco hace referencia a algún acto concreto, individualizado o particular de los preceptos cuestionados respecto del cual pudiera ser procedente la medida cautelar.
“Sino que lo que efectivamente pretende es la suspensión de las disposiciones generales combatidas para que no se ejecuten; consecuentemente, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, no es de concederse la medida cautelar solicitada”, expuso Pérez Dayán.
Impugnaciones se suman a 125 controversias existentes
A estas controversias constitucionales se acumularán las que se espera recibir luego de la publicación de la segunda parte de dicha reforma, ocurrida el jueves pasado. Todas deberán ser resueltas por la SCJN antes de junio próximo, para no interferir con el calendario electoral de 2024.
Estas impugnaciones se suman a las que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) y el municipio de Chihuahua, que fueron admitidas a trámite el pasado 28 de febrero. Contra esta primera etapa del Plan B se acumularon 125 controversias constitucionales y todas fueron concentradas en la ponencia del ministro Pérez Dayán.
El Plan B se conforma con leyes secundarias electorales y tienen principalmente el objetivo de eliminar duplicidad de tareas del Instituto Nacional Electoral (INE) y se busca combatir la compra de votos, un delito electoral.
