Escándalo político vincula al Tren Maya con sobornos en España
Empresas ligadas al caso Koldo en España habrían obtenido contratos millonarios en el Tren Maya. Investigan corrupción transnacional.
El Tren Maya, uno de los proyectos más emblemáticos y controvertidos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez, no por su avance o impacto ambiental, sino por estar ligado a una red de corrupción internacional que actualmente sacude al gobierno del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
La investigación iniciada en España revela una presunta estructura de sobornos sistemáticos que involucra a figuras clave del socialismo español: el empresario Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y su operador político Koldo García, todos acusados de influir en la asignación de contratos públicos a través de pagos ilícitos.
Del despacho político a los rieles del sureste mexicano
Aunque inicialmente el caso parecía limitado a territorio europeo, los documentos judiciales y filtraciones oficiales han confirmado que esta trama de corrupción cruzó el Atlántico y llegó hasta el sureste de México. De forma específica, al polémico Tren Maya.
Todo comenzó en febrero de 2019, cuando De Aldama visitó Ciudad de México y sostuvo encuentros con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y posteriormente con Ricardo Monreal. A partir de esa visita, la empresa Ineco, relacionada con los señalados en España, recibió un contrato por aproximadamente 13.2 millones de euros, es decir, cerca de 300 millones de pesos, para asesorar en el desarrollo del proyecto ferroviario.
Tramos del Tren Maya, contratos millonarios y costos inflados
La controversia no termina ahí. Las empresas Azvi y Grupo Indi, también mencionadas en la investigación española, habrían obtenido contratos por más de 10 mil millones de pesos para construir el Tramo 3 del Tren Maya. Documentos oficiales indican que el costo real de esa obra habría superado los 23 mil millones de pesos, casi el doble de lo previsto.
Además, esas mismas compañías recibieron otros cuatro millones de pesos para participar en el Tramo 5 Sur, lo que refuerza la sospecha de que su influencia en las licitaciones fue favorecida por mecanismos de corrupción importados desde Europa.
¿Y en México, qué sigue?
A pesar de la gravedad del caso, hasta ahora no se ha presentado una respuesta oficial contundente por parte de las autoridades mexicanas. Desde Palacio Nacional, se espera la tradicional frase: “Que se investigue”, aunque hay dudas sobre si realmente se actuará con firmeza.
Este caso revive cuestionamientos sobre la transparencia en las grandes obras de infraestructura durante el sexenio anterior y plantea nuevas exigencias de rendición de cuentas para los actuales responsables del Tren Maya en 2025.
