Tensión en Cuajimalpa: La disputa comunitaria por la preservación del bosque El Ocotal

El equilibrio ambiental en la zona poniente de la capital se encuentra en un punto crítico debido a la confrontación entre los residentes locales y el desarrollo de infraestructura de transporte masivo. Desde el inicio del año 2024, los habitantes de la colonia Loma del Padre, ubicada en la demarcación territorial de Cuajimalpa, emprendieron una serie de acciones legales y sociales para detener la eliminación masiva de ejemplares arbóreos en el paraje conocido como El Ocotal. Esta resistencia civil surge de la preocupación por el legado ambiental que se dejará a las posteridades, enfrentándose directamente a las obras del tren interurbano que conectará la Ciudad de México con Toluca.

El argumento principal esgrimido para justificar el retiro de la vegetación ha sido el peligro de colapso debido a la supuesta presencia de plagas en los árboles. No obstante, los defensores del bosque sostienen que estas afirmaciones carecen de respaldo oficial verificable, ya que no se ha divulgado públicamente ningún estudio técnico ni declaraciones referentes al impacto ecológico de tales acciones.

Además, la comunidad denuncia una contradicción importante en el proceso, pues aseguran que inicialmente fueron instados a autorizar mediante firmas el retiro de ejemplares supuestamente enfermos, para descubrir posteriormente que la tala se extendía de forma generalizada y con propósitos distintos a los sanitarios.

La problemática no solo afecta la cobertura vegetal, sino que ha comenzado a repercutir en servicios básicos fundamentales. La población de la zona señala que el desarrollo del proyecto ferroviario ha coincidido con una disminución drástica en la disponibilidad del recurso hídrico, reportando una escasez de agua que antes no padecían.

Esta situación agrava el malestar de los vecinos, quienes cuentan con el respaldo de dos recursos legales de amparo y un acta de protección que data del año 2018, la cual documenta formalmente las repercusiones ambientales negativas que tendría la remoción de la flora en este sector.

Desde una perspectiva legal y normativa, los opositores argumentan que la ejecución de la obra infringe flagrantemente las directrices de ordenamiento ecológico vigentes en la capital.

Por esta razón, sostienen que cualquier permiso otorgado por la Semarnat debería quedar sin efecto legal al contravenir las regulaciones locales de protección. A pesar de que esta franja de terreno fue comprada por el Gobierno Federal para el paso del tren, la categoría de la zona como área natural protegida bajo la clasificación de parque estatal hace que el derribo de árboles sea catalogado como una actividad delictiva.

El clima de confrontación ha escalado a niveles judiciales, pues los residentes denuncian ser víctimas de señalamientos oficiales y presuntas demandas en su contra por oponerse a la desaparición del bosque.

Aunque las autoridades colocaron materiales informativos para explicar las labores de poda, la comunidad asegura que las acciones de tala continúan de forma activa. Ante este panorama de incertidumbre y descontento social, se ha buscado obtener un posicionamiento por parte de las dependencias encargadas del medio ambiente, tanto a nivel local como federal, para esclarecer el futuro de este pulmón verde.