En un contexto político marcado por elevados niveles de inseguridad y preocupación sobre el estado de derecho en México, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano levantaron la voz para denunciar lo que consideran serios errores en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus primeros cien días al mando.
Según sus declaraciones, el nuevo gobierno no solo ha mantenido, sino que también ha profundizado los problemas heredados de la pasada administración, especialmente en áreas como la inseguridad, la justicia y los derechos humanos.
Reformas aprobadas tienen un alto costo económico y social, acusan senadores
Entre las críticas más destacadas se encuentran las reformas aprobadas durante este período, las cuales, según los senadores, implicarán un alto costo económico y social para los ciudadanos mexicanos. Una de estas reformas es la relativa a la Guardia Nacional, que, según los críticos, impulsa la militarización del país. Esto ha generado preocupación sobre el papel creciente de las fuerzas armadas en asuntos internos, lo que podría afectar negativamente las libertades civiles y la relación entre civiles y militares.
Otra reforma que ha suscitado controversia es la de supremacía constitucional. Los senadores argumentan que esta reforma limita la capacidad del Poder Judicial para revisar reformas constitucionales que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Según los senadores, la reforma a la prisión preventiva amplía significativamente el catálogo de delitos por los cuales una persona puede ser encarcelada sin haber sido sometida a juicio previamente.
A 100 días de trabajo de la Presidenta, el nuevo régimen ha dejado claro que no piensa enmendar sus errores ni construir un país más justo, al contrario, parece empecinado en profundizar los problemas de justicia, seguridad y derechos humanos. pic.twitter.com/ZIXeFyZCOg
— Clemente Castañeda H (@ClementeCH) January 9, 2025
Reforma Judicial, una amenaza al estado de derecho en México
Finalmente, la reforma al Poder Judicial ha sido vista por los críticos como una amenaza al estado de derecho en el país. Los senadores aseguran que estas modificaciones “dinamitan” el sistema legal vigente y podrían llevar a un debilitamiento institucional que, a largo plazo, podría tener consecuencias profundas para la estabilidad y la democracia en México.
