La crisis por la reconfiguración del sistema de justicia en México escaló nuevamente al plano internacional durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en territorio guatemalteco.

En este foro, una delegación integrada por 20 jueces y magistrados que fueron cesados de sus cargos tras la implementación de la Reforma Judicial expuso el debilitamiento de los contrapesos democráticos en el país.

La presencia de los juzgadores en Guatemala no es un hecho aislado, sino un seguimiento directo a las audiencias realizadas en noviembre de 2024 en Washington, donde ya se advertía sobre los riesgos estructurales de la reforma. En esta ocasión, la denuncia se centró en un "deterioro acelerado" que, según los ponentes, compromete la imparcialidad de los tribunales y deja en la vulnerabilidad a millones de ciudadanos.

Advierten a la región por los riesgos de que se repita una Reforma Judicial

Durante la intervención de Emilia Molina, magistrada en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras alertó que la independencia judicial en México ha sido socavada por el nuevo marco legal, lo que genera un precedente peligroso para el resto de las naciones latinoamericanas.

Su mensaje fue una exhortación directa a los países presentes para observar con detenimiento lo que ocurre en territorio mexicano:

“A los demás países presentes en esta audiencia les digo claramente: no permitan que este modelo se replique. Mi país ofrece un ejemplo preocupante en la región. Defender la independencia judicial hoy es defender los derechos de quienes más necesitan justicia mañana”.

Para la magistrada, la reforma no solo afecta la estabilidad laboral de quienes integraban el Poder Judicial, sino que fractura el acceso a la justicia de más de 130 millones de personas, quienes ahora enfrentan un sistema cuya autonomía ha sido puesta en entredicho.

¿Qué pasa con la Reforma Judicial? Así impacta a la ciudadanía

La delegación de juzgadores enfatizó que la soberanía nacional no debe ser utilizada como argumento para desmantelar la carrera judicial y sustituirla por modelos que carezcan de blindajes contra presiones políticas.

Según lo expuesto ante la CIDH, los puntos críticos del reclamo incluyen ell cese masivo de funcionarios experimentados; la falta de jueces independientes impacta de forma directa en la resolución de casos de alto impacto social y que sin tribunales autónomos no existen garantías para la protección de los derechos humanos frente a posibles abusos de poder.

La audiencia concluyó con la solicitud formal de los jueces para que la Comisión mantenga un monitoreo constante sobre la situación en México, subrayando que la independencia de los tribunales es el último muro de defensa de una democracia funcional.