En la actualidad, la censura no solo afecta a los medios de comunicación tradicionales, sino que ha extendido su sombra hacia los ciudadanos comunes.
Un caso emblemático es el de Karla Estrella, una ama de casa y madre de tres hijos, quien se ha visto limitada para expresar sus opiniones en redes sociales, evidenciando cómo la mordaza se impone con mayor fuerza en la voz del pueblo.
De un tuit a una multa: La historia de censura contra una madre mexicana
El Caso de Karla Estrella: Una Voz Silenciada
Todo comenzó el 14 de febrero de 2024, cuando Karla publicó un tuit en su cuenta de X (antes Twitter), ironizando sobre la posible práctica de nepotismo en la política, específicamente señalando a la entonces candidata y ahora diputada federal Diana Karina Barreras, esposa del también diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Su mensaje, lejos de pasar desapercibido, molestó a la candidata, quien inmediatamente interpuso una queja formal.
Semanas después, Karla recibió un correo de la plataforma X México recomendándole eliminar el mensaje, lo cual hizo.
Sin embargo, la situación empeoró cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) le notificó el inicio de un proceso sancionador en su contra por presunta violencia política de género. El caso escaló hasta el Tribunal Electoral, que ordenó a Karla ofrecer disculpas públicas, pagar una multa y permanecer inscrita 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.
Un debate que va más allá de un simple tuit
Para Karla, esta sanción representa una clara violación de su libertad de expresión. En sus palabras: “Vamos a ir a instancias internacionales”, buscando justicia ante lo que considera un abuso de poder.
El caso ha generado intenso debate en redes sociales, polarizando opiniones respecto a si esta sentencia realmente protege derechos o si, por el contrario, vulnera la libertad ciudadana.
Ernesto Guerra, experto en materia electoral, defiende la resolución señalando que esta medida es cautelar y se justifica dentro del ámbito del derecho electoral, para evitar daños irreparables a personas involucradas en procesos políticos.
La percepción generalizada es que el sistema político ha cerrado puertas y ventanas a la ciudadanía, reservando el derecho a hablar de política únicamente para los actores políticos oficiales.
