En un mensaje a medios el Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGRJCDMX), Ulises Lara López, dio a conocer que en seguimiento a las investigaciones del caso de corrupción presuntamente cometida por exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, supuestamente relacionado con el llamado “Cártel Inmobiliario”, catean 42 inmuebles y se ha recuperado equipo electrónico que ha permitido establecer su probable participación, pero también de empresarios que de acuerdo con las indagatorias formaron sociedades con ellos.
También señaló que el avance con el que cuenta la indagatoria también ha sido posible gracias a las denuncias y a la información que han proporcionado una gran cantidad de vecinas y vecinos que han sido afectados por las prácticas en las que presuntamente incurrieron este grupo de empresarios y ex servidores públicos.
De la misma forma informaron que en la medida en que avanzan las indagatorias, ha surgido diversa información que puede dar pie a nuevas líneas de investigación. Han descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y ex funcionarios de la Alcaldía.
El Ministerio Público ha detectado que entre estos actores se establecieron distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local, actos que pueden dar pie al inicio de nuevas Carpetas de Investigación.
A las indagatorias se han integrado más inmuebles relacionados
Además, a las indagatorias se han integrado más inmuebles que guardan algún tipo de relación con los ex servidores públicos investigados, ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento.
Otro de los descubrimientos dados a conocer por Lara López, es que en estos inmuebles el común denominador es la posible irregularidad con la que se autorizaron sus permisos, tanto para ser construidos como para ser habitados.
Al respecto dijo que en su momento lo hizo de conocimiento la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, quien dirigió Recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las Delegaciones respecto a inmuebles ya construidos.
Mostraron el informe de la PAOT el cual dijo, asienta que estos inmuebles incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber construido más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su Manifestación de Construcción.
Las construcciones no cuentan con los niveles de construcción permitidos
Detalló que en los resolutivos se recomendó al entonces Jefe Delegacional iniciar los procedimientos administrativos y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de los inmuebles investigados, así como iniciar las acciones administrativas y/o penales en contra del Director Responsable de Obra y/o servidores públicos involucrados, sin que esto hubiese ocurrido hasta el momento.
Hizo mención a las construcciones ubicadas en la calle de José María Ibarragán, San José Insurgentes, en las que el programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero hay construcciones que cuentan con cuatro niveles.
Agregó que lo mismo ocurre en la calle de San Francisco, Actipan; se permite un máximo de cuatro niveles, pero cuenta con seis niveles de construcción.
Otro caso es el de la calle Capuchinas, en San José Insurgentes. Se le permite un máximo de tres niveles, pero hay edificaciones que cuentan con seis niveles de construcción.
Por último, dijo que la Fiscalía capitalina da a conocer que la postura de esta institución como el ente de procuración de justicia de la Capital, es integrar a la investigación cualquier dato que aporte a robustecer las indagatorias, ya sea información que provenga de la ciudadanía, empresarios o representantes sociales y puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos de la institución (55) 5345 5000; (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita y la denuncia que consideren pertinente.
