¿Criminalizar la protesta por salud? El caso de un activista del VIH en la mira de la justicia
Activista que denunció públicamente la falta de medicamentos esenciales para personas con VIH enfrenta acciones legales tras su protesta. Espera su audiencia.
Alaín Pinzón, activista que alzó la voz contra la carencia de medicamentos esenciales para personas que viven con VIH denuncia ser objeto de hostigamiento y acciones legales por parte de las autoridades sanitarias.
El activista, quien en 2023 lideró una manifestación frente a la Secretaría de Salud para evidenciar la insuficiencia de fármacos antirretrovirales, la falta de recetas médicas y la ausencia de acceso universal a los tratamientos, afirma que la respuesta a su legítima protesta ha sido una querella penal en su contra.
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El defensor de los derechos de los pacientes con VIH relata que, aproximadamente hace un mes, recibió una notificación para comparecer ante un juez de control en el Reclusorio Oriente, en relación con una denuncia de índole federal presentada por la Secretaría de Salud. La organización a la que pertenece Pinzón ha documentado la escasez de estos vitales medicamentos desde 2019, señalando que si las instituciones gubernamentales cumplieran con su labor, estas denuncias públicas no serían necesarias.
El activista lamenta que la respuesta de las autoridades ante la crítica y la exigencia de derechos sea la criminalización de la protesta. Subraya que son cientos de miles de personas en México con VIH quienes no cuentan con los medicamentos indispensables para mantener su calidad de vida. En su opinión, la política pública en materia de salud parece haber desviado sus prioridades, restando importancia al desabasto y al acceso universal a los tratamientos.
Exige que se garantice suministros de medicamentos
Pinzón exige justicia tanto para su caso como para el de todos los pacientes con VIH en el país. Contrasta la aparente relevancia que se otorga a daños materiales ocurridos durante la protesta – como la rotura de un vidrio o el deterioro de mobiliario – con la urgencia de garantizar el suministro de medicamentos antirretrovirales a quienes los necesitan para vivir. Considera inaceptable que se persiga a quienes demandan estos tratamientos en lugar de exigir responsabilidades a los funcionarios que no cumplen con su trabajo.
La organización a la que pertenece el activista condena la criminalización de las manifestaciones como una estrategia para silenciar a quienes se atreven a criticar o a reclamar sus derechos. Alaín Pinzón, al igual que muchas otras personas afectadas, únicamente busca la garantía de su derecho a la salud. Sin embargo, se enfrenta a represalias por evidenciar las deficiencias de un sistema de salud que, en su opinión, opera bajo una gran tensión y con una gestión deficiente.
El activista enfatiza que las prioridades de la Secretaría de Salud y del Censida parecen estar enfocadas en silenciar las voces de los pacientes y activistas mediante acciones legales, en lugar de solucionar la falta de medicamentos y atender las necesidades de quienes viven con VIH. A pesar de la persecución y el intento de intimidación, Pinzón declara que no siente temor y que se presentará a la audiencia programada, reafirmando que las necesidades de la población afectada son más grandes que el miedo a las represalias.
Con información de Ulises Grajales
