La detención del periodista veracruzano Rafael León Segovia, especializado en la cobertura de hechos policiacos, ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el gremio periodístico.

El comunicador fue aprehendido el pasado 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos, en un caso que ha abierto un nuevo debate sobre el uso del sistema penal contra la prensa en contextos de violencia.

De acuerdo con información oficial, León Segovia enfrenta señalamientos por delitos considerados de alta gravedad, entre ellos terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y acciones presuntamente contrarias a las instituciones de seguridad pública. Durante la audiencia inicial, un juez de control avaló la legalidad de la detención y determinó imponerle prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

Fiscalía fija audiencia clave para el 29 de diciembre

La Fiscalía de Veracruz detalló que el proceso legal seguirá su curso el próximo 29 de diciembre a las 8:00 horas, cuando se lleve a cabo la audiencia de continuación. Será en esa etapa cuando se definan aspectos centrales del caso y se analicen con mayor profundidad los elementos presentados por la parte acusadora.

Sin embargo, el caso no ha pasado desapercibido. La organización Artículo 19 manifestó su preocupación al advertir que la investigación contra el periodista estaría directamente relacionada con su labor informativa en la cobertura de nota roja, una de las fuentes más riesgosas en el país.

Presencia del crimen organizado agrava los riesgos para periodistas

Artículo 19 alertó que este tipo de procesos judiciales pueden convertirse en una forma de presión o castigo indirecto contra periodistas que documentan temas sensibles, especialmente en regiones marcadas por la violencia y la presencia de estructuras criminales. La organización señaló que recurrir al derecho penal en estos casos genera un efecto inhibidor, no solo para la persona imputada, sino para todo el ecosistema informativo.

Además, subrayó que situaciones similares se han presentado recientemente en otras entidades del país, lo que refuerza la preocupación sobre la normalización de la judicialización del periodismo como respuesta a investigaciones incómodas.

Asociación mantiene contacto con la familia y la defensa legal

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC) informó que ha dado seguimiento permanente al caso desde el momento de la detención. La agrupación mantiene comunicación con la familia del reportero y con su equipo legal, y ha solicitado a las autoridades estatales que se garantice su integridad física y su estado de salud.

En un posicionamiento público, la APEC reiteró su respaldo al derecho a la libertad de expresión y afirmó que permanecerá atenta al desarrollo del proceso hasta que el caso sea plenamente esclarecido. Asimismo, hizo un llamado a que se respeten el debido proceso y las garantías judiciales del comunicador.

El caso de Rafael León Segovia se suma a una serie de episodios que mantienen bajo la lupa la relación entre justicia, poder y prensa en México, en un contexto donde informar sigue representando un riesgo.