La polémica por los límites entre la protección contra la violencia política de género y la libertad de expresión volvió a encenderse en México. Esta vez, el centro de la discusión es la activista Emma Zermeño, quien recibió una serie de restricciones legales tras un proceso impulsado por la diputada morenista de Sinaloa, Almendra Negrete.
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó que Zermeño incurrió en violencia política en razón de género, por lo que le fue prohibido realizar expresiones o conductas, en público o en privado, que pudieran denostar, violentar o intimidar a la legisladora. La resolución también establece que la activista no podrá acercarse a la diputada.
Las medidas se dictaron en cumplimiento de una sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que convirtió el caso en un nuevo punto de tensión dentro del debate sobre el alcance de esta figura jurídica.
Conversaciones privadas de WhatsApp detonaron la sanción contra activista Emma Zermeño
De acuerdo con el expediente del tribunal sinaloense, la investigación se originó a partir de capturas de pantalla de una conversación privada de WhatsApp. En dichos mensajes, presuntamente compartidos por uno de los participantes del chat, se realizaban críticas a la actuación pública de la diputada Almendra Negrete.
El tribunal determinó que, aunque el diálogo se produjo en un espacio privado, al haber sido entregado voluntariamente por uno de los interlocutores perdió su carácter protegido y pudo utilizarse como prueba para acreditar violencia política en razón de género.
Esta interpretación ha generado cuestionamientos entre analistas y usuarios en redes sociales, pues abre la puerta a que mensajes originalmente privados sean utilizados como evidencia en procesos sancionatorios, un escenario que muchos consideran delicado para la protección de la privacidad.
La postura de la diputada Almendra Negrete
En medio de la controversia, la propia diputada con licencia publicó recientemente su postura en redes sociales. Según explicó, el fallo no se basó únicamente en conversaciones privadas, sino en un conjunto de expresiones y acciones que, a su juicio, incluyeron denostaciones, difamaciones y ataques motivados por prejuicios relacionados con su identidad y orientación.
“Soy orgullosamente Dato Protegido 2.0, porque pedir protección a mi persona no es motivo de vergüenza, es un derecho y es justicia”, escribió en su mensaje público.
La declaración, lejos de cerrar el debate, alimentó aún más la discusión sobre el uso de esta figura jurídica y sus posibles alcances en la arena política y digital.
Un debate que ya tiene otros precedentes en México: Desde el caso de Karla María hasta Héctor de Mauleón
El caso de Emma Zermeño no es el único que ha generado controversia en los últimos meses. Diversos periodistas, ciudadanos y medios han denunciado sanciones o procesos similares bajo la figura de violencia política de género.
Entre los ejemplos más citados se encuentra la denuncia contra la columnista Laisha Wilkins, quien enfrentó un procedimiento tras referirse a una candidata a ministra de la Suprema Corte como “Dora la Censuradora”.
El periodista Héctor de Mauleón también reveló haber sido notificado por autoridades electorales en Tamaulipas por presunta violencia política de género luego de publicar una columna sobre presuntos vínculos de una candidata judicial con redes de robo de combustible.
En otro caso, la ciudadana Karla María fue obligada a ofrecer disculpas públicas durante 30 días y pagar una multa por sugerir en redes sociales que la candidatura de una diputada podía estar vinculada a nepotismo. Además, su nombre fue inscrito en el padrón de agresores del Instituto Nacional Electoral por 18 meses.
El debate también alcanzó al ámbito periodístico cuando el portal Acapulco Trends denunció presiones judiciales tras publicar una investigación sobre presuntos desvíos millonarios en el gobierno municipal de Acapulco.
¿Qué sigue con el caso Emma Zermeño?
La defensa de Emma Zermeño impugnó la resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tenía previsto discutir el asunto en su sesión de este miércoles.
Sin embargo, el tema fue retirado de última hora del orden del día, por lo que su análisis quedó pendiente para una fecha posterior.
