En una decisión que redefine la frontera entre el escrutinio público y la intimidad personal, la Sala Superior del TEPJF revocó por unanimidad las sanciones impuestas a la activista Emma Zermeño. El caso, que se originó por críticas vertidas en un chat privado contra la legisladora de Morena, Almendra Negrete, termina con una sentencia contundente: lo que se dice en la privacidad de una aplicación de mensajería no puede ser juzgado como violencia política de género.

Los magistrados determinaron que las comunicaciones privadas son, por mandato constitucional, inviolables. Con este fallo, se anula el criterio de la Sala Regional Guadalajara, que anteriormente había castigado a Zermeño basándose en filtraciones de conversaciones que nunca fueron destinadas al espacio público.

El derecho a la "mala opinión" en privado

La discusión en el pleno dejó lecciones jurídicas clave sobre la libertad de expresión. La magistrada Claudia Valle Aguilasocho fue el eje de esta defensa, al señalar que el Estado no tiene facultades para entrar en la mente ni en los teléfonos de los ciudadanos para sancionar sus afectos o antipatías.

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"Nadie puede ni debe ser censurado por expresarse en el sentido que desee en este espacio privado", sentenció la magistrada. Valle Aguilasocho fue más allá al precisar que una persona tiene derecho a tener la peor opinión sobre otra, y que esos calificativos, por duros que sean, forman parte de la libertad de pensamiento mientras permanezcan en el ámbito de lo personal. "Nadie debe ser imputado por considerar que una persona le merece los peores calificativos si su sentir, su pensar y su opinión se queda en el espacio privado", concluyó.

Un precedente contra el espionaje digital

Esta resolución desactiva una tendencia peligrosa que comenzaba a normalizarse en los tribunales electorales: el uso de capturas de pantalla como herramientas de persecución política. Al validar la inviolabilidad de los chats de WhatsApp, el Tribunal garantiza que la ley de violencia política de género no sea utilizada como un pretexto para el espionaje entre particulares o para la delación de opiniones privadas.

Para Emma Zermeño, esto significa el fin de una persecución judicial que pretendía manchar su historial con una inscripción en el registro de violentadores. Para la ciudadanía, representa la seguridad de que la crítica, la ironía o incluso el insulto proferido en una charla íntima no podrán ser utilizados por el poder político para silenciar voces disidentes.