El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, frenó en seco una reforma que prometía cambiar las reglas del juego electoral. Este 31 de marzo, el mandatario confirmó que firmó un veto de bolsillo al decreto que eliminaba la obligación de presentar la Carta de No Antecedentes Penales para quienes aspiren a un cargo de elección popular.
Con esta decisión, el documento seguirá siendo un requisito indispensable, al menos por ahora, para quienes busquen competir en los próximos procesos electorales en la entidad.
Michoacán mantiene requisito de carta de antecedentes para candidatos
El mensaje fue claro: el decreto aprobado previamente por el Congreso del Estado de Michoacán no entrará en vigor. Al no publicarse en el Periódico Oficial, la reforma queda congelada y el tema regresa al terreno legislativo.
Ramírez Bedolla justificó su decisión en la necesidad de blindar los procesos democráticos ante los retos actuales. Según explicó, eliminar este requisito podría abrir la puerta a perfiles con antecedentes cuestionables, lo que pondría en riesgo la integridad de las candidaturas.
El gobernador subrayó que la exigencia de la carta debe aplicarse tanto en procesos internos de partidos como en elecciones constitucionales, con el objetivo de reforzar los controles y evitar la infiltración de personas con historial delictivo.
He firmado el veto al decreto que exenta la Carta de No Antecedentes Penales para cargos de elección popular. Ante los retos actuales, es indispensable garantizar que no se infiltre ningún perfil indeseable en las candidaturas. El Congreso debe valorar de nuevo esta exigencia por… pic.twitter.com/nGZVcoLDi4
— Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) March 31, 2026
Reforma buscaba ampliar el derecho a ser votado
La medida vetada no surgió sin respaldo. El pasado 13 de marzo, el Congreso local aprobó —con 25 votos a favor— una reforma al Código Electoral estatal para eliminar este requisito. El argumento central era ampliar el derecho político de la ciudadanía a ser votada.
Esta postura se apoyaba en criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha considerado que exigir una carta de no antecedentes puede constituir una restricción injustificada a los derechos político-electorales.
De acuerdo con el decreto, la medida no garantizaba por sí misma la idoneidad de los aspirantes y, en cambio, podía excluir a personas sin sentencia firme que aún conservan sus derechos políticos.
